La falta de oportunidades laborales y la educación de baja calidad conducen al crimen y la desesperación, que provocan que muchos ecuatorianos abandonen su país generando así más pobreza en un círculo vicioso que sólo se romperá si el Estado invierte más en educación, atención médica y protección social, sostiene un experto de la ONU.
El máximo tribunal de justicia eliminó declaró inconstitucional penalizar el aborto por violar los derechos humanos de las mujeres. La decisión implica que todas las instituciones federales de salud deberán brindar ese servicio a quienes lo soliciten en todo el país. Además, ningún médico podrá ser criminalizado por proveer esa asistencia.
Tres expertas de la ONU denuncian los brutales ataques a dos defensoras de las garantías fundamentales inscritas en el mecanismo de protección que otorga el país a esas personas. Las agresiones ocurrieron en marzo y mayo pasados y aún continúan las investigaciones. Las relatoras instan al gobierno mexicano a garantizar la seguridad de quienes trabajan en favor de los derechos humanos.
Viola Fletcher tenía sólo siete años cuando fue desplazada por la fuerza de su ciudad natal, Tulsa, Oklahoma, por una turba armada que destruyó el enclave predominantemente negro de Greenwood, matando a cientos de residentes.
El ejército birmano empezó hace seis años una embestida contra la minoría rohinyá. Unas 10.000 personas fueron asesinadas y al menos 700.000 huyeron a Bangladesh y decenas de miles siguen haciéndolo en busca de seguridad. El responsable de velar por los derechos humanos aboga por el regreso de esas comunidades a Myanmar como ciudadanos reconocidos, dignos y respetados.
En el día de recordación de ese oscuro capítulo de la historia, el titular de la ONU afirma que hay una línea directa entre los siglos de explotación colonial y la desigualdad social y económica de hoy. Después de más de 230 años del inicio de la revuelta para su abolición, “el legado de la trata transatlántica nos persigue hasta hoy”, es responsabilidad de todos combatirlo, agrega.
Dos relatores especiales condenan esa práctica “crónica” contra los defensores de los derechos de los trabajadores. Hace apenas unos días, seis sindicalistas y dirigentes fueron sentenciados a 16 años de cárcel por conspiración y terrorismo. La dureza de las condenas es una advertencia a quienes participan en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del Gobierno, alertan los expertos.
El máximo encargado de velar por los derechos humanos señala que la justicia también es vital para el desarrollo sostenible y alerta de que muchas instituciones del estado de derecho enfrentan una crisis de capacidad y de confianza pública.
Una serie de disturbios en las cárceles ecuatorianas dejó muertos a 31 reclusos. El gobierno respondió decretando el estado de excepción en las prisiones y en varias zonas del país. En tanto, comunidades indígenas y campesinas chocan con empresas mineras y autoridades tras la promulgación de un decreto que dejará a las mineras operar sin consultar con los pueblos originarios afectados.
En vísperas de la primera cumbre sobre políticas tributarias de los países de latinoamericanos y caribeños, decenas de relatores de derechos humanos subrayan la importancia de que existan parámetros tributarios comunes para combatir los flujos ilícitos y la evasión fiscal, y llaman a los países de la región a emplear los recursos recaudados en financiar servicios públicos de calidad y garantizar el goce de las garantías fundamentales.
