En los últimos años han aumentado significativamente las denuncias de violaciones a los derechos climáticos derivados del derecho a la vida, la salud y la alimentación y el agua, así como la ineficacia de los Gobiernos para hacer cumplir sus compromisos sobre mitigación climática y las mentiras de algunas compañías que pretenden ser ecológicas. En América Latina, por ejemplo, se han librado batallas legales en países como Colombia y Brasil para exigir que se proteja la Amazonía.

Un reciente estudio de la agencia de la ONU que observa el mercado laboral mundial señala que los efectos de la COVID-19 ponen de manifiesto una disminución generalizada de las horas de trabajo y de los ingresos, y prevé para 2021 una recuperación lenta, desigual e incierta, a menos que los progresos iniciales se respalden con políticas de recuperación centradas en las personas.