Algunos migrantes no tienen acceso a la más mínima defensa frente al COVID-19, carecen de agua y jabón, viven condiciones de hacinamiento o en centros de detención o trabajan en sectores informales. Los Estados deben tomar providencias para proteger a ese colectivo y a las víctimas de tráfico de personas, señalaron dos expertos en derechos humanos, que también urgieron a regularizar a los migrantes indocumentados para que puedan acceder a los servicios de salud.

La agencia de la ONU para la salud en el continente americano solicitó este jueves a la comunidad de donantes 94,8 millones de dólares que se destinarían a emprender las medidas de salud públicas prioritarias para combatir la pandemia del coronavirus COVID-19 en la región.