El representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos resaltó que los fallecidos habían recibido amenazas previas y que formaban parte de un programa de protección estatal. Por ese motivo, considera que las investigaciones no pueden descartar la implicación de servidores públicos.

La legislación vigente desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 ha sido considerada internacionalmente como un modelo en la lucha contra la impunidad. La Alta Comisionada considera que cambiarla ahora en la forma propuesta por el Gobierno supondrá una amnistía y “reabrirá viejas heridas”.