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Salud
La ONU ha anunciado medidas para reforzar la lucha contra el ébola en la República Democrática del Congo, que ya se ha cobrado más de 1200 vidas. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, insiste en que el anteproyecto de ley de Reconciliación Nacional porque podría “traducirse en una amnistía de facto”. Un experto de la ONU advierte que que el número de escuchas telefónicas policiales en Argentina es "demasiado alto".
La ONU refuerza la lucha contra el ébola
La ONU ha anunciado medidas para reforzar la lucha contra el ébola en la República Democrática del Congo. La epidemia se ha cobrado más de 1200 vidas y los casos están aumentado en las últimas semanas.
El riesgo de que la enfermedad se extienda a otras provincias o a países vecinos sigue siendo muy alto y, además, en este brote un tercio de los enfermos son niños, una cifra más alta de lo habitual.
“Sabemos que la respuesta al brote debe ser asumida por la población local y esta nueva aproximación refleja lo que han pedido: más seguridad para los pacientes y personal sanitario, más acceso a vacunas y una cara más humana en la respuesta”, dice el director de la OMS en África en un comunicado.
Además, la ONU ha nombrado un coordinador para responder a esta amenaza.
El brote de ébola, el segundo peor de la historia, tiene una “complejidad sin precedentes” debido a la inseguridad en la zona y a la desconfianza de las comunidades locales.
Las agencias de Naciones Unidas están reforzando también las labores de prevención en Goma, la capital de Kivu Norte y en las fronteras de los países vecinos.
Bachelet insiste en que la ley de Reconciliación Nacional de El Salvador supondría una amnistía
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido a la Asamblea Legislativa de El Salvador que reflexione sobre el proyecto de ley de Reconciliación Nacional porque podría “traducirse en una amnistía de facto”.
Bachelet cree que algunas disposiciones de la ley “benefician de forma indebida” tanto a los responsables materiales, como a los autores intelectuales y a los altos mandos que ordenaron o no hicieron nada para frenar los “crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra” cometidos durante el conflicto.
La Alta Comisionada cree que la elaboración del anteproyecto no ha sido transparente y no ha contado con la participación de las víctimas.
El anteproyecto de ley pretende que se suspendan las penas de prisión para todas las personas que reconozcan su responsabilidad en crímenes cometidos durante el conflicto y se sustituyan por servicios a la comunidad.
Además, impediría investigar y sancionar a los autores intelectuales y a todos los miembros de las cadenas de mando que estuvieron involucrados en las atrocidades.