Quienes rescatan a los migrantes en el Mediterráneo no son criminales, señala experta

8 Octubre 2020

En septiembre de 2016 se abrió en Italia una investigación penal contra la tripulación de un barco rescatista y en junio de 2019 fue arrestada la capitán de un barco que también desempeñaba esa labor. Entre los cargos imputados en ambos casos figuran la ayuda y complicidad de la migración ilegal, delitos que conllevan penas de hasta 20 años de cárcel. 

La relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos condenó este jueves la criminalización en Italia de once activistas de las garantías fundamentales que rescataban a migrantes y solicitantes de asilo en el Mediterráneo.

En un comunicado, Mary Lawlor afirmó que esos rescatistas deberían ser encomiados por sus esfuerzos por salvar vidas de personas en alto riesgo de perecer en el mar.

“La ex capitán del barco de rescate Sea-Watch 3, Carola Rackete, y los miembros de la tripulación del Iuventa 10 son defensores de los derechos humanos, no son criminales”, aseveró la experta de la ONU.

Investigaciones y arresto

En septiembre de 2016 se abrió en Italia una investigación penal contra algunos miembros de la tripulación del Iuventa 10, imputándoles acusaciones que incluyeron ayuda y complicidad en el delito de la inmigración ilegal, cargos que se castigan con penas de entre cinco y 20 años de cárcel y multas de 15.000 euros.

El 18 de junio de 2019 se presentó una moción para que se desestimara la investigación preliminar contra los miembros de la tripulación del Iuventa 10; sin embargo, aún está pendiente la decisión formal.

Carola Rackete, por su parte, fue arrestada por las autoridades italianas en junio de 2019 por atracar sin permiso su barco rescatista con 53 migrantes a bordo. A principios de este año, la Suprema Corte italiana examinó una apelación y determinó que Rackete no debería haber sido arrestada. No obstante este fallo, la capitán del Sea-Watch 3 continúa enfrentando imputaciones de ayudar y ser cómplice de la inmigración ilegal y corre el riesgo de pasar hasta 20 años en prisión, además de varias multas que sumarían alrededor de 50.000 euros.

ACNUR / Francesco Malavolta
Una mujer lleva a sus dos bebés mientras desembarca del barco que la rescató cuando intentaba cuzar el Mediterráneo de Libia a Italia.

Estigmatización

Lamento que continúen abiertos los procesos penales contra estas personas y que deban afrontar estigmatización debido a su trabajo en favor de los derechos humanos y de la protección de las garantías fundamentales de los migrantes y solicitantes de asilo que se encuentren en peligro en el mar Mediterráneo”, apuntó Lawlor.

Del 2014 a la fecha, al menos 16.000 migrantes han muerto ahogados en el Mediterráneo cuando intentaban cruzar hacia las costas de Europa, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional de las Migraciones.

“El gobierno italiano debe reconocer públicamente la importancia de la labor de los defensores de los derechos humanos en la protección del derecho a la vida de migrantes y solicitantes de asilo que están en riesgo en el mar y debe poner fin a la penalización de quienes defienden sus garantías fundamentales”, concluyó la relatora especial.

El llamado de Lawlor fue respaldado por los relatores especiales sobre los derechos de los migrantes, Felipe Gonzáles Morales; sobre la violencia contra las mujeres, Dubravka Šimonovic; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, Elizabeth Broderick; y el expeto independiente sobre la promoción de un orden democrático internacional, Livingstone Sewanyana.

Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

 

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