Derechos Humanos

Cleo, el personaje principal de la historia que cuenta Roma, es una trabajadora del hogar que habla mixteco, una lengua indígena del estado mexicano de Oaxaca. La nominada al Oscar a la mejor actriz Yalitza Aparicio, quien da vida a Cleo, conoce de primera mano la realidad de esos idiomas y de esa ocupación, esa fue una de sus motivaciones para participar en la multipremiada película.

Paraguay es un país único en el que la gran mayoría de los ciudadanos puede comunicarse en una lengua indígena a todos los niveles porque, además de ser de uso extendido, esa lengua es oficial junto con el español, y tiene el mismo tratamiento a efectos legales.

Los periodistas corren un gran riesgo en México por ejercer su profesión de manera crítica. En 2018 fueron asesinados al menos doce y uno más desapareció. En lo que va de este año se han registrado ya dos crímenes, el segundo de ellos ocurrió el pasado 9 de febrero en el estado de Tabasco.

La pobreza y las privaciones sufridas en la infancia producen ramificaciones negativas que pueden durar toda la vida; sin embargo, en la actualidad sólo una tercera parte de los niños del mundo cuenta con una protección social que les permita crecer y desarrollarse gozando de sus derechos elementales. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible pugna por garantizar la protección social para todas las personas, con especial énfasis en los menores de edad.

La Asamblea General de la ONU afirmó que la protección de las lenguas indígenas implica preservar y promover la cultura de respeto al medio ambiente de los pueblos que las hablan, una condición indispensable para el desarrollo sostenible. En el lanzamiento del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, Ecuador propuso extender la iniciativa a una década, para garantizar la supervivencia de los idiomas amenazados.

El representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos resaltó que los fallecidos habían recibido amenazas previas y que formaban parte de un programa de protección estatal. Por ese motivo, considera que las investigaciones no pueden descartar la implicación de servidores públicos.