Colombia

Una serie de desafíos amenazan la implementación del Acuerdo de Paz, y el Gobierno del presidente electo Iván Duque, que comienza el próximo 7 de agosto, debe trabajar para remediar las divisiones existentes entre los colombianos, así como abordar la incertidumbre entre los excombatientes y las comunidades rurales y ofrecerles seguridad y protección.

La inclusión de excombatientes de las FARC en el cuerpo legislativo marca una importante transición como parte del proceso de paz en el país. 

 

Las normas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que busca juzgar a los actores involucrados en el conflicto armado, aún no se definen. La ONU ha pedido al Estado y las fuerzas políticas que faciliten el proceso.

La inseguridad, el resurgimiento de la violencia y el retraso en la reintegración económica y social de los ex combatientes son los principales desafíos de la aplicación del proceso de paz en Colombia, resalta un nuevo informe del Secretario General de la ONU. 

La Alianza de mujeres tejedoras de vida proporciona apoyo a las mujeres del departamento del Putumayo que han sufrido agresiones sexuales por su desplazamiento a través de servicios de asesoramiento y empoderamiento, y además les da la oportunidad de hacer justicia.

El 9 de marzo de 2016 y tras el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC, el Consejo de Seguridad estableció una misión política, en la que se integraba un mecanismo compuesto por observadores internacionales no armados que tenían la tarea de monitorear y verificar la dejación de las armas en Colombia.  

Debido a lo avanzado de la enfermedad y la edad del convicto, los profesionales médicos han tenido dificultades para acceder a sus venas. El reo, de 60 años, fue sentenciado a muerte en 1987 tras ser encontrado culpable de asesinato, pero los expertos señalan que podría no haber tenido un juicio justo.

Más de ochocientas personas, casi la mitad niños, han sido forzadas por grupos armados a dejar sus hogares en varias zonas del Bajo Cauca en Antioquia.  La ONU pidió al gobierno garantizar la protección de sus derechos fundamentales.