La Oficina del Alto Comisionado de la ONUpara los Derechos Humanos presentó este miércoles su informe sobre la cooperación técnica que presta en Colombia y destacó algunos avances al respecto.

El director de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina en el país, Christian Salazar Volkmann, indicó que, desde la publicación del informe de la Comisión de la Verdad en junio de 2022, el organismo ha contribuido con su amplia difusión a nivel nacional y local.

Salazar destacó que, en materia de investigación de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, persiste un alto nivel de impunidad que, como lo concluyó la Comisión, es “uno de los factores para la continuación de la violencia”.

En este sentido, la Oficina elogió los avances en las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para abordar los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado, así como la de un nuevo macro caso sobre violencia de género en 2023.

“Las primeras sentencias de la JEP serán determinantes para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición”, añadió.

98 alegaciones de homicidios en 2024

En cuanto al sector de la seguridad, la Oficina valora el nuevo enfoque de seguridad humana de la política pública adoptada en 2023, señaló el director. “Ha brindado asistencia técnica a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para la elaboración de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, en cumplimiento con el Acuerdo de Paz”, detalló.

Sin embargo, Salazar destacó que, a pesar de la disminución de algunos indicadores de violencia en 2023, el control social y territorial de grupos armados y organizaciones criminales “siguen afectando los derechos de la población civil en distintas zonas del país”.

En 2023, la Oficina verificó 105 casos de homicidios de personas defensoras. Además, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, recibió ya 98 alegaciones de homicidios de personas defensoras que está cotejando.

“Observamos que esta violencia afecta en particular a miembros de Juntas de Acción Comunal, autoridades de pueblos indígenas y afrodescendientes y personas que defienden el territorio, la tierra y el medio ambiente”, apuntó Salazar.

En este contexto, la Oficina brindó asistencia técnica al Ministerio del Interior en la elaboración de la Política Nacional de Garantías.

La Oficina recomienda que se impulse una “reforma profunda” del modelo de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos en la que ellos participen.