Condicionar la exportación de armas para proteger a los civiles en las guerras
ONU y Secretario General
El Secretario General de la ONU ha expuesto este martes un plan para la protección de civiles en los conflictos armados. Entre otros puntos, el plan recomienda elaborar leyes que condicionen las exportaciones de armas.
“La manera más eficaz de proteger a los civiles es la prevención de conflictos y su finalización. Por esa razón la prevención, la resolución y la consolidación de la paz son, y seguirán siendo, las principales prioridades de todo el sistema de las Naciones Unidas”, destacó este martes António Guterres.
Durante una reunión del Consejo de Seguridad en la que presentó su informe sobre esta materia, recordó que durante 2017 las Naciones Unidas registraron la muerte y lesiones de más de 26.000 civiles en tan sólo seis países en guerra: Afganistán, Iraq, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Somalia y Yemen.
Entre las violaciones a los derechos humanos que sufren esas personas, el jefe de la ONU destacó la violencia sexual, con más de 800 casos en la República Democrática del Congo, el desplazamiento forzado, que afectó a más de 65 millones durante 2016, y la restricción al acceso de ayuda humanitaria.
En este último apartado destacó los ataques a dependencias médicas que cifró en 322 durante el año pasado y en los que murieron 242 profesionales del sector y pacientes.
A todas estas violaciones, añadió la importancia de la inseguridad alimentaria originada por los conflictos y recordó que diez de las trece crisis alimentarias más importantes registradas en 2017 se dieron en un contexto de confrontación.
“En Yemen, por ejemplo, casi 3 millones de mujeres y niños están gravemente desnutridos y más de 8 millones de personas no saben de dónde provendrá su próxima comida”, dijo.
Entre los motivos para ser moderadamente optimista en el combate contra la disminución de conflictos y la lucha contra el terrorismo destacó un mayor respeto por el derecho internacional humanitario y por las normas de derechos humanos.
A esos esfuerzos añadió una resolución de la Asamblea General sobre actividades de lucha contra el terrorismo adoptada el pasado mayo, la adopción de medidas para reforzar las leyes y el respeto a los civiles en algunas partes en conflicto realizadas por algunos Estados miembros y otras iniciativas promovidas por gobiernos y la sociedad civil.
Tres recomendaciones principales
António Guterres (izq.) se dirige al consejo de Seguridad durante la presentación del informe sobre la protección de civiles en conflictos armados.
Guterres destacó tres principales áreas para la protección de civiles en conflicto en la presentación de su informe.
La primera consiste en desarrollar estrategias políticas a nivel nacional para proteger a los afectados.
Estas estrategias deberían establecer medidas preventivas para mitigar y responder a los daños causados a la población civil por parte de los ejércitos nacionales, las fuerzas asociadas y las coaliciones internacionales.
Igualmente, deberían elaborarse leyes que condicionen las exportaciones de armas respetando del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, de acuerdo con el Tratado sobre el Comercio de Armas.
También ha de mejorar la capacidad para proteger a los civiles en las contiendas urbanas que incluyan la búsqueda de alternativas al uso de armas explosivas.
En segundo lugar, los Estados miembros deben apoyar a las Naciones Unidas y a otras entidades a colaborar con grupos armados no estatales en la elaboración de políticas, códigos de conducta y planes de acción para proteger a los civiles.
Guterres destacó que diecisiete grupos armados no estatales ya han firmado planes de acción con las Naciones Unidas para poner fin al reclutamiento y la utilización de niños soldados. “Necesitamos más iniciativas de este tipo”, resaltó.
Por último, dijo que es necesario promover actividades en defensa de la protección de civiles y realizar acciones coordinadas que sirvan para garantizar la rendición de cuentas ante violaciones graves con el objetivo de poner fin al clima de impunidad.
Este apartado debería incluir investigaciones creíbles a nivel nacional de las violaciones y el pleno apoyo a la labor de la Corte Penal Internacional por parte de los países.
El Secretario General instó a los integrantes del Consejo de Seguridad y a los Estados Miembros a examinar detenidamente estas prácticas y no permitir que las diferencias políticas obstaculicen o dificulten las medidas de protección a los civiles.