7 Febrero 2020

"He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país (…) barrios pobres “con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados”, afirma un relator de derechos humanos, que asegura que la recuperación tras la recesión solo ha beneficiado a las empresas y a los ricos. El único aspecto positivo que encuentra es el compromiso del nuevo Gobierno con la justicia social.

España le está fallando por completo a buena parte de su sociedad, aquella que vive en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea, dijo el relator* especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos. Los grandes beneficiados son los ricos y las empresas que, pese a los beneficios, pagan menos impuestos que antes de la recesión.

Philip Alston llegó a esa conclusión tras concluir este viernes su visita oficial al país, que comenzó el 27 de enero, y tras la cual le queda claro que hay dos Españas muy diferentes: una la que conoció como turista, que es un país rico culturalmente, diverso, próspero… y otra la que acaba de conocer como relator de la pobreza, en la que ha visto un país con “un porcentaje inusual de población que vive al límite y tienen dificultades para sobrevivir”.

Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes.

Puesto en cifras: En 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los niños, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% sufrió privación material severa. La tasa de desempleo del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la UE, y ha sobrepasado el 30% para los menores de 25 años.

Para el experto en derechos humanos, “los niveles de pobreza en España reflejan una decisión política. Esa decisión política ha sido hecha durante la última década. Quiero resaltar el hecho de que entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%”.

Al mismo tiempo, el Estado español “optó por recaudar un 5% menos de impuestos que el cualquier otro Gobierno europeo y eso, claro, significa que tiene menos dinero para gastar en protección social”.

"A pesar de que España está prosperando económicamente, demasiadas personas siguen pasando apuros", dijo Alston.

El experto en derechos humanos añadió que "la recuperación después de la recesión ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después de 2008 y nunca se restauraron".

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España debería mirarse de cerca en el espejo

Bassam Khawaja
Cañada Real, un barrio pobre de Madrid, España.

Una de las cuestiones que ha sorprendido al relator es la ignorancia de los españoles acerca de la situación en su país.

Los derechos sociales rara vez se toman en serio.

"España debería mirarse de cerca en el espejo. Lo que verá no es lo que desearía la mayoría de los españoles, ni lo que muchos responsables de formular políticas tenían planeado”, explica antes de enumerar los problemas:

  • una pobreza generalizada
  • un alto nivel de desempleo
  • una crisis de vivienda de proporciones inquietantes
  • un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza
  • un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico
  • un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres
  • una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes de la administración que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas

El experto independiente ha observado que "los formuladores de políticas les han fallado en gran medida a las personas que viven en la pobreza, y los derechos sociales rara vez se toman en serio”.

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Bassam Khawaja
El relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, durante su visita a la ciudad española de Badajoz, en Extremadura.

La asistencia social se quiebra mientras las empresas pagan menos

Las familias acaudaladas se beneficien más de las transferencias de efectivo que las familias pobres.

La vivienda de bajo coste es casi inexistente y el sistema para brindar asistencia social está quebrado, es imposible de navegar y hace que las familias acaudaladas se beneficien más de las transferencias de efectivo que las familias pobres.

Mientras tanto, las empresas están pagando la mitad de los impuestos que antes de la crisis a pesar de registrar fuertes beneficios.

"He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país", dijo Alston.

Entre esos lugares, el experto visitó barrios pobres “con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin ninguna mejora en su situación”.

También ha observado vecindarios de pobreza concentrada donde las familias crían niños con una grave escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras asfaltadas o incluso suministro eléctrico legal.

La privatización de la sanidad: ganancias sobre la salud

Sobre el sistema sanitarios español, el relator observa: "España está justificadamente orgullosa de su excelente sistema sanitario, con una cobertura sanitaria casi universal", pero agrega que, sin embargo, "siguen existiendo brechas importantes para quienes más necesitan cobertura".

Algunos de los más desfavorecidos no pueden acceder a la atención médica. Según un estudio de EAPN de 2019, alrededor del 5% de las personas en hogares pobres que  necesitaban asistencia médica, el 255% de los que necesitaban atención dental y el 3% de los que necesitaban servicios de salud mental no podían recibir esa atención por razones económicas. Además, el 6,9% no pudo acceder a los medicamentos recetados, el 8,3% entre las personas desempleadas.

La creciente privatización de elementos dentro del sistema de salud, que corre el riesgo de priorizar las ganancias sobre la provisión de servicios.

La Encuesta Nacional de Salud indica que entre el 9 y el 10% de las personas en riesgo de pobreza no participan en prácticas preventivas de salud.  Y el crecimiento del empleo precario significa que no es posible tomarse un día libre del trabajo debido a una enfermedad. "No puedo permitirme enfermarme", me dijo una persona.

Al experto en derechos humanos también le preocupaba "la creciente privatización de elementos dentro del sistema de salud, que corre el riesgo de priorizar las ganancias sobre la provisión de servicios".

Abandonados y discriminados

Bassam Khawaja
Un complejo residencial en Mérida, en la comunidad autónoma de Extremadura.

"La palabra que he escuchado con mayor frecuencia en las últimas dos semanas es 'abandonados'", dijo el experto.

Alston señaló haber conocido a personas que perdieron todos sus ahorros durante la crisis y, ahora, tienen que elegir entre poner comida sobre la mesa o calentar su casa. Además, afrontan la posibilidad de ser desalojadas, incapaces de encontrar una vivienda asequible.

Y todo ello pese a que casi todas las personas a las que conoció “buscaban ávidamente un trabajo decente".

Además, ciertos grupos están particularmente olvidados por los encargados de formular las políticas, sufren el impacto de la discriminación estructural y experimentan tasas de pobreza desproporcionadamente altas.

“España tiene una de las comunidades de gitanos más grandes de la UE, casi la mitad de los cuales viven en la extrema pobreza. Las mujeres, los habitantes en zonas rurales, los inmigrantes, las trabajadoras domésticas y las personas con discapacidad están extremadamente desatendidas por las políticas actuales y se ven injustamente afectadas por la pobreza", desgrana Alston.

Esperanza en el nuevo Gobierno

El único aspecto positivo en la situación de la pobreza y los derechos humanos que ha encontrado el experto “es que el nuevo Gobierno de coalición está firmemente comprometido con lograr la justicia social”.

No obstante, señala que los desafíos son grandes.

"Ahora España necesita un liderazgo innovador a escala nacional, respaldado con recursos para alentar a las comunidades autónomas a apoyar reformas de gran alcance”, explica Alston, quien aplaude el mensaje del nuevo Gobierno, aunque resalta que “es necesario que sus acciones estén a la altura de esa retórica".

"La pobreza es en última instancia una decisión política, y los Gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla", insistió

Esta es la rueda de prensa que el relator ofreción en Madrid.

Visita por todo el país

El experto de la ONU visitó Madrid, Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña, y se reunió con personas afectadas por la pobreza, funcionarios del Gobierno del ámbito municipal, autonómico y central, así como activistas, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

También visitó numerosos centros comunitarios y escuelas, oficinas de ONG, un centro para personas con discapacidad, un centro de servicios sociales, un asentamiento informal para trabajadores inmigrantes, un bloque de viviendas privatizadas, un centro de trabajadoras domésticas y varias comunidades gitanas.

El relator especial presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio de 2020.

*Philip Alston (Australia) asumió sus funciones como Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en junio de 2014. Como Relator Especial, forma parte de lo que se conoce como el sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor grupo de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general que reciben los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que evalúan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en cualquier parte del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no forman parte del personal de la ONU y no reciben un sueldo por desempeñar su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y ejercen su mandato a título individual.

 

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