Cambiar la política de migración no soluciona el problema de miles de niños detenidos en Estados Unidos

Eduardo, de treinta y un años, con su hija Sara en su casa de Chiapas, México. Eduardo y su familia escaparon de la violencia de las pandillas de El Salvador.
ACNUR/Markel Redondo
Eduardo, de treinta y un años, con su hija Sara en su casa de Chiapas, México. Eduardo y su familia escaparon de la violencia de las pandillas de El Salvador.

Cambiar la política de migración no soluciona el problema de miles de niños detenidos en Estados Unidos

Derechos humanos

El Gobierno de Donald Trump ha decidido terminar con la política que obligaba a separar a los niños migrantes de sus padres indocumentados en la frontera. Sin embargo, los expertos en derechos humanos indican que esta decisión no aborda la grave situación a la que se enfrentan los migrantes que ya han sido detenidos, que deberían ser liberados y reunirse con sus familias.

Un grupo de 11 relatores especiales y otros expertos insiste en que detener en Estados Unidos a los niños migrantes, en su mayoría solicitantes de asilo de Guatemala, El Salvador y Honduras, “obstaculiza gravemente su desarrollo y, en algunos casos, puede equivaler a la tortura”.

Esta declaración fue hecha después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para poner fin a la práctica de la separación forzosa, a dos meses de la implementación de la denominada política de “tolerancia cero”.

La nueva orden requiere que las familias que sean detenidas por tratar de entrar sin permiso a Estados Unidos, generalmente a través de la frontera sur con México, permanezcan juntas.

Los expertos señalaron que esta decisión “no aborda la situación de aquellos niños que ya han sido separados de sus padres”.

“Hacemos un llamamiento al gobierno de Estados Unidos para que libere a estos niños inmigrantes y los reúna con sus familias, de acuerdo con el interés superior del niño y los derechos del niño a la libertad y la unidad familiar”, indicaron en un comunicado.

Los padres no saben dónde se encuentran sus hijos

En abril, el grupo de expertos había expresado su profunda preocupación sobre el impacto de la política estadounidense de tolerancia cero, que ha utilizado como forma de disuasión el enjuiciamiento penal de los adultos y los niños que tratan de cruzarla frontera.

 “Se les ha separado sin previo aviso ni información y sin la oportunidad de protestar. Los padres y los niños no han podido comunicarse entre ellos”, apunta el comunicado, añadiendo que “los padres no saben dónde se encuentran sus hijos, lo cual es motivo de gran angustia”.

“Además, estamos profundamente preocupados por el impacto y el trauma a largo plazo, incluido el daño irreparable que estas separaciones forzosas tendrán en los niños”, acotaron

Utilizar a los niños para disuadir la inmigración

Haciéndose eco de este punto de vista, UNICEF declaró que se oponía a la separación de los niños de sus familias con el objetivo de controlar la migración.

Su portavoz, Christophe Boulierac, añadió que la agencia también se opondría a que los niños pudiesen quedarse con su familia si ésta permanecía detenida, como señalan algunos informes de prensa sin confirmar.

Los refugiados y los migrantes deberían ser tratados siempre con respecto y dignidad

Boulierac consideró que un enfoque comunitario sin sanciones privativas podría servir como alternativa.

Este lunes, el Secretario General de la ONU, António Guterres, comentó, sin citar a Estados Unidos, que como principio "los refugiados y los migrantes deberían ser tratados siempre con respecto y dignidad, y de acuerdo con el derecho internacional”.

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, inauguró el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra declarando que separar a los niños migrantes de sus familias suponía “una forma de abuso aprobada por el Gobierno” que podría causar “daños irreparables” con “consecuencias de por vida”.

 

El Consejo de Derechos Humanos nombra a los expertos independientes y relatores especiales de la ONU para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o la situación de esas garantías en un país determinado. Los puestos son honorarios y los expertos no son personal de la ONU ni reciben un sueldo.