Las recientes declaraciones de funcionarios estadounidenses e israelíes que amenazaron con tomar represalias contra la Corte Penal Internacional (CPI), sus funcionarios y sus familiares son alarmantes y contravienen el estado de derecho al promover la impunidad, afirmaron este viernes más de 30 expertos y Grupos de Trabajo de la ONU en derechos humanos*.

El 4 de mayo pasado, la Fiscalía de la CPI denunció dichas declaraciones y recordó a todas las personas que ese proceder podría constituir un delito contra la administración de justicia según el artículo 70 del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la Corte.

En las últimas semanas, las autoridades de Estados Unidos e Israel han hecho alocuciones incendiarias sobre la CPI, caracterizando las posibles acciones del Fiscal como “anárquicas” y “vergonzosas”, y categorizando cualquier posible orden judicial como “un asalto indecoroso” y “una abominación”. 

Tales comentarios han persistido durante más de una semana en medio de informes de que los líderes del Congreso de los Estados Unidos están preparando posibles acciones de represalia, incluidas sanciones a personas que trabajan para la Corte y esfuerzos para retirarle fondos, en caso de que se emitan órdenes de arresto contra funcionarios israelíes. 

Además, el ministro de Finanzas israelí adelantó que retendría los fondos de la Autoridad Palestina.

El mundo debería unirse para poner fin al derramamiento de sangre en Gaza

En un comunicado conjunto, los relatores especiales calificaron de escandaloso que países considerados defensores del estado de derecho intenten intimidar a un tribunal internacional independiente e imparcial para impedir la rendición de cuentas.

“En un momento en que el mundo debería unirse para poner fin al terrible derramamiento de sangre en Gaza y buscar justicia para quienes han sido asesinados, heridos, traumatizados o tomados como rehenes ilegalmente desde el 7 de octubre, es preocupante ver a funcionarios estatales amenazar con tomar represalias contra un tribunal que busca la justicia internacional”, enfatizaron.

Los expertos advirtieron que esas amenazas violan las normas de derechos humanos contra los ataques al personal de justicia “y exceden los límites aceptados de la libertad de expresión”. 

En este sentido, urgieron a todos los Estados a respetar la independencia de la Corte como institución judicial y a proteger la independencia e imparcialidad de quienes trabajan en ella.

Responsables de promover el estado de derecho

Asimismo, hicieron hincapié en el papel de los políticos y funcionarios públicos en la configuración de la agenda mediática, el debate y la opinión pública, por lo que son responsables de promover el estado de derecho, la protección de los derechos humanos y garantizar la confianza pública en los sistemas democráticos de gobernanza.

La CPI tiene el mandato de investigar y procesar a personas por los crímenes internacionales de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los magistrados de la Corte autorizaron al Fiscal a investigar crímenes cometidos en el territorio del Estado de Palestina desde 2014 por cualquier individuo -palestino, israelí o de otra nacionalidad-, y cualquier crimen cometido por nacionales palestinos, incluidos los crímenes que tuvieron lugar dentro Israel. 

Los expertos subrayaron que la mayoría de los países del mundo apoyan a la Corte y sostuvieron que el trabajo de ese tribunal es más crucial que nunca. “Impedir el trabajo de la Corte y su Fiscal será perjudicial, no sólo para la rendición de cuentas en el territorio palestino ocupado sino para la justicia internacional en su conjunto”.

UN Photo/Evan Schneider

Manifestación ante el campus de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Ataques contra protestas estudiantiles

Por otra parte, la relatora especial sobre el derecho a la educación indicó que el reciente aumento de ataques a los estudiantes que protestan por la guerra en Gaza en las universidades de Estados Unidos muestra una erosión de la libertad intelectual y los principios democráticos dentro de los entornos educativos.

“Me preocupa profundamente la violenta represión contra manifestantes pacíficos, los arrestos, las detenciones, la violencia policial, la vigilancia y las medidas disciplinarias y sanciones contra miembros de la comunidad educativa que ejercen su derecho de reunión pacífica y libertad de expresión”, dijo Farida Shaheed al final de una visita oficial a Estados Unidos.

Shaheed acusó la forma en que se trata a los manifestantes en función de su punto de vista político, específicamente a los estudiantes pro-palestinos.

La visita de la relatora se produjo cuando los estudiantes estadounidenses instalaron campamentos en los campus para solidarizarse con los palestinos, pedir un alto el fuego y, en muchos casos, exigir que la universidad se deshiciera de cualquier activo vinculado a Israel.

Erosión de la libertad intelectual

“Estos ataques señalan una preocupante erosión de la libertad intelectual y los principios democráticos dentro de los entornos educativos”, puntualizó.

Shaheed instó al gobierno estadounidense a refrendar su compromiso fundamental con la libertad de expresión, garantizando que todos los estudiantes tengan acceso irrestricto a ideas y perspectivas diversas.

En esta línea, la experta se refirió con gran inquietud a 307 políticas y proyectos de ley mordaza educativa introducidos en Estados Unidos a partir de enero de 2021.

“Estas políticas, manifestadas a través de prohibiciones de libros y restricciones a los planes de estudios, han inculcado un efecto paralizador generalizado que sofoca el libre intercambio de ideas y silencia las voces marginadas”, aseveró.

*Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones nacionales específicas o de cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.