En la última década fueron muertos cerca de 900 trabajadores de los medios de comunicación en el mundo. La agencia de la ONU que registra estos crímenes destaca la fragilidad de la libertad de prensa en el contexto de la pandemia de COVID-19, precisamente cuando el periodismo es más relevante para la protección de los derechos humanos.

La Oficina de Derechos Humanos advirtió que la normativa contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y urgió a los legisladores peruanos a revertirla. La ley deroga el principio de proporcionalidad y exime de responsabilidad penal los oficiales que hagan uso de la fuerza. “Es un retroceso preocupante”, afirma la ONU.

Casi el 90% de los responsables de la muerte de 1109 reporteros en todo el mundo entre 2006 y 2018 no han sido condenados. La región de los Estados Árabes es la más mortífera para los profesionales de la información, seguida de América Latina y el Caribe y Asia y el Pacífico. La UNESCO pide que se haga justicia porque “el fin de la vida de un periodista nunca debe ser el fin de la búsqueda de la verdad”.

“Creo que mis principales logros tienen que ver con haber generado una conciencia ciudadana. Que la lucha contra la corrupción sí era posible, que sí se puede adelantar investigaciones serias y profundas independientemente de quien sea la persona a la que se esté investigando, cuál sea su poder político o económico o su prestancia en la sociedad”, afirmó el máximo responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.