Experta de la ONU señala que el trabajo agrícola puede ser una puerta de entrada al trabajo infantil

22 Junio 2022

Aunque la comunidad internacional se comprometió a acabar con este abuso el año 2025, esta práctica se ha incrementado, afectando a 8,4 millones de niños durante los últimos cuatro años. 

Los altos niveles de informalidad y la falta de supervisión y protección dentro del sector agrícola favorecen la trata de personas, tanto de adultos como de niños, afirmó este martes la relatora especial de la ONU sobre la trata de personas, en un informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos.

"El crecimiento de la industria agrícola y del poder de las empresas, junto al rápido ritmo del cambio climático, han agravado aún más los riesgos de la trata de personas", destacó Siobhán Mullally

El estudio de la relatora examina la prevalencia de la trata de personas en el sector agrícola, especialmente a efectos de trabajo forzoso, y destaca la necesidad de adoptar medidas obligatorias de protección de los derechos humanos y del medio ambiente.

Las mujeres y los niños, víctimas frecuentes

Mullally afirmó que el trabajo infantil es una actividad frecuente en el sector agrícola, y que persiste el riesgo de trata de menores de edad.

Pese al compromiso global para acabar con el trabajo infantil el año 2025, el estudio indica que esta práctica se ha incrementado, alcanzando a 8,4 millones de niños durante los últimos cuatro años. Según la experta, el trabajo agrícola es una puerta de entrada al trabajo infantil.

El informe advierte que las mujeres también corren el riesgo de ser víctimas de trata u otras formas de violencia, como el abuso y el acoso sexual. " Si el trabajo femenino en la agricultura es invisible, las carencias en las medidas de atención, protección y prevención de la trata son aún mayores", dijo.

Asimismo, subrayó que la desigualdad de género respecto a la propiedad de las tierras y a la seguridad de la tenencia de las mismas “contribuye a la pobreza, la dependencia y el riesgo de violencia, incluida la trata de mujeres y niñas con fines de explotación en todas sus formas, en particular el trabajo forzoso, la explotación sexual y el matrimonio forzado”.

En concreto, destacó que las mujeres y las niñas indígenas pueden correr un mayor riesgo de trata, debido a una confluencia de factores, tales como la discriminación y la violencia, por motivos de género, raza y origen étnico, origen indígena y pobreza.

La relatora documenta en su informe los riesgos que corren las mujeres indígenas refugiadas y migrantes, que se ven agravados por las barreras lingüísticas y la falta de acceso a información sobre sus derechos y a asistencia jurídica.

Las condiciones laborales no mejoraron durante la pandemia, pese a ser trabajadores esenciales

Mullally señaló que la protección de los trabajadores temporales, estacionales y migrantes sigue siendo limitada y que corren el riesgo de ser víctimas de explotación.

Añadió que, pese a la demanda de trabajadores agrícolas, persisten las políticas migratorias restrictivas. “Durante la pandemia del COVID-19 se designó a los trabajadores agrícolas como "esenciales", pero esto no condujo ni a mejoras en su protección ni al incremento de las vías seguras de migración", afirmó.

El estudio también destaca el crucial papel que desempeñan los sindicatos y las asociaciones de trabajadores en la lucha contra la trata de personas.

Por último, expresó su preocupación por las repercusiones del cambio climático en la trata de personas. "Las catástrofes naturales y las migraciones o desplazamientos inducidos por el clima pueden dar lugar a la explotación de pequeños agricultores en condiciones de endeudamiento”, apuntó.

El próximo informe de la relatora a la Asamblea General, en octubre, estará dedicado a analizar este fenómeno.

Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

 

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