Bachelet urge a las autoridades nicaragüenses a modificar la reciente ley electoral mediante un proceso inclusivo

28 Mayo 2021

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresa su inquietud frente a las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, al considerar que el país se aleja de que sean “libres y legítimas”, dadas las recientes medidas adoptadas por las autoridades contra los partidos políticos, los candidatos y los periodistas independientes, que restringen aún más el espacio cívico y democrático.

La portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos mostró este viernes su profunda preocupación por la reciente aprobación en Nicaragua de una reforma electoral que ignora las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional, al no incorporar salvaguardas que garanticen la imparcialidad de las autoridades electorales.

Según Marta Hurtado, las enmiendas electorales se aprobaron el pasado 4 de mayo en la Asamblea Nacional nicaragüense, afín al partido gobernante, y también contienen disposiciones que no se ajustan a las normas de derechos humanos, como las restricciones al derecho a la libertad de expresión, de reunión y de participación política.

En el contexto de la reforma electoral, la vocera comentó que durante las últimas semanas las autoridades nicaragüenses ya disolvieron dos partidos políticos con argumentos contrarios a las normas y estándares internacionales, y sin garantías procesales.

El Consejo de Derechos Humanos encargó el pasado mes de febrero a la Oficina que vigilara de cerca los derechos humanos durante el proceso electoral en Nicaragua.

El caso de Cristina Chamorro

Las autoridades del país centroamericano anunciaron el 19 de mayo la apertura de una investigación contra una de las principales precandidatas a la presidencia, Cristina Chamorro, por presunto lavado de dinero a través de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

La investigación se fundamenta en la ley "Contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva aprobada en julio de 2018”.

Según la portavoz, la ley es de amplia aplicación y suscita la preocupación general de que pueda utilizarse para silenciar la disidencia.

Las acusaciones contra Chamorro incluyen un supuesto uso indebido de fondos recibidos de fuentes internacionales, por lo que enfrenta la posibilidad de una condena penal o de su inhabilitación como candidata.

Durante la última semana fue citado a declarar en esta causa abierta el personal de doce medios de comunicación independientes, mientras que el 20 de mayo la policía registró las oficinas del Confidencial, un medio de comunicación dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristina. Los agentes incautaron diversos materiales y detuvieron temporalmente a un camarógrafo.

La portavoz explicó que la Policía Nacional también ha intensificado sus acciones para restringir los movimientos de otros líderes de la oposición.

“En estas circunstancias, la disolución de los partidos políticos y el inicio de investigaciones penales que podrían llevar a la inhabilitación de los candidatos de la oposición, sin el debido proceso, no sólo socavan el derecho a presentarse a las elecciones de los aspirantes, sino también el derecho de los votantes a elegir a los candidatos de su preferencia”, destacó. 

Añadió que el “continuo acoso” al que son sometidos los medios de comunicación independientes “coarta el derecho a la libertad de expresión y mina el derecho de los ciudadanos a estar informados”, un aspecto “crucial en cualquier democracia y en todo momento, pero que es de vital importancia durante un periodo electoral”.

Vista de Managua, la capital de Nicaragua
Unsplash/Kevin Valerio
Vista de Managua, la capital de Nicaragua

El acoso a miembros de la oposición y periodistas debe finalizar

La aprobación de esta nueva ley electoral es la última de una serie de ordenanzas adoptadas por la Asamblea Nacional que limitan “innecesariamente y de forma desproporcionada los derechos humanos”, sobre todo de miembros de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, los periodistas y los líderes políticos y sociales.

“Pedimos al gobierno nicaragüense que cese el acoso -incluido el judicial- a miembros de la oposición y periodistas”, solicitó Hurtado.

Del mismo modo, llamó a las autoridades a garantizar el pleno respeto de las libertades de información y expresión, de reunión y de asociación, así como el derecho a la participación política, todos ellos esenciales durante un proceso electoral.

“Por lo tanto, instamos a las autoridades a modificar la ley electoral mediante un proceso inclusivo y participativo. La Oficina está dispuesta a brindar cooperación técnica a las autoridades nicaragüenses para reformar la legislación restrictiva que atenta contra los derechos humanos a fin de cumplir con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, finalizó la vocera.

 

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