Los planes de emergencia contra el coronavirus no pueden utilizarse para reprimir los derechos humanos

16 Marzo 2020

Las declaraciones de emergencia por el brote no deben usarse como base para dirigirse a grupos particulares, minorías o individuos, ni funcionar como una excusa para la acción represiva con el pretexto de proteger la salud. Tampoco deben usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos, han dicho un grupo de relatores y expertos del Consejo de Derechos Humanos.

Un grupo de expertos en derechos humanos exhortaron este lunes a los Estados a evitar el exceso de las medidas de seguridad en respuesta a la pandemia del coronavirus COVID-19 y les recordaron que los poderes de una situación de emergencia no pueden utilizarse para sofocar la disidencia.

"Si bien reconocemos la gravedad de la actual crisis de salud y reconocemos que el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia en respuesta a amenazas significativas, recordamos urgentemente a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria", dijo el grupo de relatores especiales y miembros de comités  y grupos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

Su llamado  hace eco de las recientes declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que llaman a colocar los derechos humanos en el centro de la respuesta al COVID-19.

“Las declaraciones de estados de emergencia, ya sea por razones de salud o seguridad, tienen una guía clara del derecho internacional. El uso de los poderes de emergencia debe declararse públicamente y notificarse a los órganos de tratados pertinentes cuando los derechos fundamentales, incluidos el de movimiento, el de la vida familiar y  el de la reunión se ven limitados sustancialmente", apuntaron en un comunicado.

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Los expertos añadieron que las declaraciones de emergencia basadas en el brote no deben utilizarse como base para dirigirse a grupos particulares, minorías o individuos, ni funcionar como una excusa para la acción represiva con el pretexto de proteger la salud. Tampoco deben servir para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos.

"Las restricciones tomadas para responder al virus deben ser motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no usarse simplemente para sofocar la disidencia", señalaron.

Las restricciones tomadas para responder al virus deben ser motivadas por objetivos legítimos de salud pública.

Agregaron que algunos Estados e instituciones de seguridad pueden encontrar atractivo el uso de poderes de emergencia porque ofrece atajos. 

"Para evitar que tales poderes excesivos se conecten a los sistemas legales y políticos, las restricciones deben adaptarse estrechamente y deben ser el medio menos intrusivo para proteger la salud pública".

Además, en los países donde el virus está disminuyendo, las autoridades deben tratar de que la vida vuelva a la normalidad y evitar el uso excesivo de poderes de emergencia para regular indefinidamente la vida cotidiana, dijeron.

"Alentamos a los Estados a mantenerse firmes en un enfoque basado en los derechos humanos para regular esta pandemia, a fin de facilitar el surgimiento de sociedades saludables con protección del estado de derecho y los derechos humanos", concluyeron.

Los Relatores Especiales y los Expertos Independientes son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos especiales, el mayor grupo de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

 

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