El abandono de personas mayores en las residencias durante la pandemia del coronavirus no puede permitirse

27 Marzo 2020

La sociedad tiene el deber de ser solidaria y proteger mejor a las personas mayores, uno de los grupos más afectados por la pandemia del COVID-19, dice una experta de la ONU en derechos humanos, y advierte que las medidas de distanciamiento social no deben convertirse en exclusión. 

“Son alarmantes los reportes de personas mayores abandonadas en asilos, o de cadáveres sin reclamo en las mismas instituciones. Se trata de algo inaceptable”, enfatizó este viernes la experta en el goce de los derechos humanos por las personas de la tercera edad.  

Rosa Kornfeld-Matte sostuvo que la sociedad tiene el deber de ser solidaria y proteger mejor a las personas mayores y recordó que son éstas las que sufren un riesgo desproporcionado de muerte a causa del coronavirus COVID-19

“Todos tenemos la obligación de protegerlas de esa amenaza”, recalcó en un comunicado. 

La distancia física es vital, pero se deben hallar maneras creativas y seguras para incrementar las conexiones sociales.

 Kornfeld-Matte indicó que este colectivo es también uno de los más proclives a adquirir el virus puesto que tienen necesidad de cuidados o asistencia, además de que muchas viven en entornos de alto riesgo, como las residencias geriátricas. 

En este sentido, manifestó preocupación especial por los ancianos que tienen padecimientos o condiciones subyacentes y por los que han sido excluidos de la sociedad y viven en la pobreza, con acceso limitado a los servicios de salud o en espacios de confinamiento como prisiones o asilos. 

Agregó que la exclusión se ha exacerbado por las medidas de distanciamiento social que, entre otras disposiciones, no permiten visitas en los hospicios. “La distancia social no debe convertirse en exclusión social”, puntualizó. 

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Creatividad para mantener las conexiones sociales 

“La distancia física es vital, pero se deben hallar maneras creativas y seguras para incrementar las conexiones sociales. Las personas mayores deben contar con herramientas para mantenerse en contacto vía internet, incluso aquellas que se encuentran en residencias geriátricas o en áreas remotas”, abundó. 

Se ha evidenciado el desprecio de las sociedades por la vejez. Esto lo hemos visto en el lenguaje cruel y deshumanizado que circula en las redes sociales.

Kornfeld-Matte afirmó que los ancianos enfrentan de por sí un tipo de discriminación debida a su edad y que, por lo mismo, requieren derechos específicos de protección, por lo que urgió a adoptar un enfoque holístico que contemple las garantías fundamentales de ese colectivo y que garantice que ejerzan esos derechos, particularmente el de acceso a servicios de salud. 

La experta expresó alarma por la forma en que se asignan los recursos médicos y citó el caso de los ventiladores de las unidades de terapia intensiva, que toman en cuenta sólo la edad y niegan a las personas mayores su derecho a la salud y a la vida

“Los protocolos de prueba deben basarse en las necesidades de salud y el conocimiento científico, y deben descalificar los criterios que no sean médicos, como la edad o la discapacidad”, recalcó. 

Señaló que si bien las personas mayores se han hecho visibles por su vulnerabilidad frente al COVID-19, no se han escuchado sus preocupaciones u opiniones. Al contrario, se ha evidenciado el desprecio de las sociedades por la vejez. “Esto lo hemos visto en el lenguaje cruel y deshumanizado que circula en las redes sociales, que hace énfasis en la vulnerabilidad e ignora la autonomía de los ancianos.” 

Kornfeld-Matte llamó a las autoridades a garantizar que el apoyo esencial no coloque en riesgo a las personas mayores ni a quienes las cuidan. “Las comunidades y todas las generaciones deben unirse para sortear esta crisis con solidaridad”, concluyó. 

Los relatores especiales y expertos independientes forman parte de los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

 

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