Guatemala: Alta Comisionada preocupada por un proyecto de ley que acotaría a las ONG
Derechos humanos
“Lamento que el Congreso haya seguido adelante con el procedimiento de aprobación de esta enmienda a pesar de las incongruencias que presenta con respecto a la normativa internacional de derechos humanos”, dijo Michelle Bachelet.
El Congreso de Guatemala podría aprobar próximamente una enmienda a la Ley sobre Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo que restringiría las funciones de los defensores de las garantías fundamentales y a la sociedad civil, según informó este miércoles la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Michelle Bachelet se mostró preocupada de que llegue a ocurrir tal modificación legal ya que podría usarse “de manera discrecional o arbitraria” para limitar las tareas de las entidades de la sociedad civil.
“Lamento que el Congreso haya seguido adelante con el procedimiento de aprobación de esta enmienda a pesar de las incongruencias que presenta con respecto a la normativa internacional de derechos humanos, del apoyo ofrecido por mi Oficina y de las graves preocupaciones que han manifestado numerosos expertos independientes de las Naciones Unidas y de la sociedad civil”, declaró la Alta Comisionada.
El proyecto de enmienda comporta una definición muy rígida de lo que es una ONG “y limita su alcance de una manera que podría menoscabar los derechos a la libertad de reunión, asociación y expresión”.
En caso de querer obtener cualquier autorización, las ONG se habrían de someter a un complicado proceso de inscripción en varios organismos estatales, pero no se especifica cuáles son los requisitos “para conceder, rechazar o revocar dichos permisos”.
Asimismo, el anteproyecto de ley limita la financiación procedente de otros países y obligaría a todas las ONG a cumplir con las nuevas disposiciones en un plazo máximo de seis meses. De no llevar a cabo estos trámites en el período establecido, serían dadas de baja en el registro y se verían obligadas a finalizar sus operaciones.
Además, no podrán conducir actividades susceptibles de “alterar el orden público”, una expresión no definida en el anteproyecto, y, en caso de perturbarlo, pueden ser clausuradas y conllevar la imputación de su máximo responsable.
“Las restricciones que estas reformas entrañan contravienen la obligación del Estado de proteger y garantizar el espacio democrático para la sociedad civil, un pilar esencial para la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”, afirmó Bachelet.