Guatemala no debe aprobar una “amnistía” para violadores de los derechos humanos, declaran expertos

Fabián Salvioli, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
ONU / Rick Bajornas
Fabián Salvioli, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Guatemala no debe aprobar una “amnistía” para violadores de los derechos humanos, declaran expertos

Derechos humanos

La medida menoscabaría los derechos de las víctimas del conflicto a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Además, representa un peligro, ya que puede desatar ataques contra diversos colectivos como el de las víctimas, los jueces, abogados, fiscales y testigos, entre otros.

Un grupo de expertos* en derechos humanos de las Naciones Unidas exhortaron este lunes al Congreso de Guatemala a no adoptar una iniciativa de ley que determinaría una amnistía general para todos los casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en el país centroamericano.

La proposición de ley busca modificar la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala, vigente desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 y que dio lugar a la finalización de 36 años de conflicto armado interno

De proceder, la iniciativa “establecería un mecanismo automático para extinguir la responsabilidad penal de todos los responsables de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante ese período”.

Los expertos señalaron que, de aprobarse, la reforma menoscabaría los derechos de las víctimas del conflicto “a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición” y podrían llegar a producirse ataques contra diversos colectivos como el de las víctimas, los jueces, abogados, fiscales y testigos, entre otros.

Del mismo modo recordaron la incompatibilidad de “las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos excluyentes de responsabilidad” respecto a los delitos que comportan graves violaciones de las garantías fundamentales, entre ellas “la tortura, las ejecuciones sumarias o las desapariciones forzadas”.

El proyecto, conocido como iniciativa de ley 5377, se llevó al Congreso el 6 de noviembre de 2017 y el pleno del pasado miércoles la admitió en segundo debate. Para ser finalmente aprobada debe pasar por un tercer debate que podría llevarse a cabo durante los próximos días.

*Los expertos de la ONU son: Fabián Salvioli (Argentina), relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repeticiónel Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Agnès Callamard (Francia), relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Victoria Tauli Corpuz (Filipinas), relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Nils Melzer (Suiza), relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Dubravka Šimonović (Croacia), relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; y Cecilia Jiménez-Damary (Filipinas), relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos.

 

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