Donaciones para Yemen, corrupción en Latinoamérica... Las noticias del martes

La conferencia de donantes para Yemen ha conseguido recaudar 2000 millones de dólares para responder a “la peor crisis humanitaria del mundo”. Guatemala, Honduras y El Salvador necesitan nuevos fiscales generales que sean capaces de luchar contra la violencia y la corrupción.
La conferencia de donantes ha conseguido recaudar 2000 millones de dólares para responder a “la peor crisis humanitaria del mundo”.
Lo ha anunciado el Secretario General, que ha destacado que estas contribuciones son casi el doble de lo recaudado en 2017 y que varios países han anunciado más donaciones de aquí a finales de año.
“Somos bastante optimistas y creemos que podremos alcanzar el nivel de financiación necesario para la tragedia a la que se enfrenta el pueblo de Yemen”, aseguró.
Más de 22 millones de personas en #Yemen necesitan ayuda humanitaria y protección. Tenemos que evitar que la peor crisis humanitaria del mundo se convierta en una tragedia a largo plazo- @antonioguterres https://t.co/7ApXoO1QqD
— Noticias ONU (@NoticiasONU) 3 de abril de 2018
Mientras el enviado especial para Yemen ha visitado Saná, la capital yemení, y Riad, la de Arabia Saudí. Según dijo Guterres, se siente animado a presentar un plan de acción que reúna a todas las partes del conflicto en negociaciones serias para acabar con la guerra y encontrar una solución política.
Guatemala, Honduras y El Salvador nombrarán nuevos fiscales generales a partir de mayo. Un experto de la ONU asegura que un proceso transparente y justo será clave para romper con la espiral de violencia y corrupción en estos países.
El relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados considera que "los nuevos fiscales generales enfrentarán grandes desafíos”, como las organizaciones criminales transnacionales, la corrupción y la impunidad.
Para Diego García-Sayán, los nuevos fiscales deben tener credenciales inmaculadas y un alto prestigio en su campo. Deben entender la importancia de la lucha contra la corrupción, la independencia judicial y tener un claro compromiso con el fortalecimiento del estado de derecho.
El responsable de las operaciones de paz de la ONU ha comparecido ante el Consejo de Seguridad para informar sobre la situación en Haití.
“Haití ha avanzado mucho para conseguir la relativa estabilidad política y de seguridad que ahora disfruta, pero las persistentes incertidumbres económicas, que pueden resultar en exclusión social, sobre todo de los jóvenes y más vulnerables, pueden socavar este progreso”, decía Jean Pierre Lacroix, que ha asegurado que la ONU se prepara para una transición desde las labores de mantenimiento de la paz a las tareas de desarrollo.
La Agencia de la ONU para los Refugiados espera que el Gobierno israelí reconsidere su decisión.
El acuerdo buscaba encontrar soluciones para los inmigrantes y solicitantes de asilo eritreos y sudaneses, que han sido los más afectados por las deportaciones desde Israel.
El plan implicaba que la Agencia reubicaría a 16.250 inmigrantes en países occidentales, mientras que otros 16.000 recibirían el permiso para permanecer legalmente en Israel. Horas después de suscribirlo el Gobierno israelí anunció su cancelación.
"Estamos en contacto con la oficina del primer ministro y seguimos creyendo que este es un acuerdo en el que todos ganan. Beneficia a Israel, la comunidad internacional y la gente que necesita asilo, mediante mecanismos que hacen que otros países compartan la responsabilidad que se tiene con ellos", dijo un portavoz del ACNUR en Ginebra.
El portavoz sostuvo que el acuerdo permitiría "salvar vidas, porque la gente ya no tendría que regresar a África subsahariana para emprender a continuación peligrosas travesías (hacia Europa) con el objetivo de buscar seguridad".
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenan los violentos hechos ocurridos durante la madrugada del 1 de abril en un centro de reinserción social en el municipio de Amatlán de los Reyes, en Veracruz.
Ocho personas fallecieron, entre ellas dos policías estatales, dos policías municipales, un custodio, un policía del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz y dos internos. Otras 60 personas tienen lesiones de distinta consideración.
Los funcionarios que fallecieron trasladaban a varios reos a otras prisiones. Las agencias de la ONU pide a las autoridades que desarrollen a la mayor brevedad posible “una investigación exhaustiva, independiente e imparcial” y llaman a las autoridades estatales a adoptar las medidas necesarias para garantizar que hechos así no se repitan.