Desaparecidos: Expertos de la ONU en Argentina
Durante una rueda de prensa en Buenos Aires, Santiago Corcuera subrayó que el Grupo ha recibido cerca de 3.500 casos, y ha logrado esclarecer la suerte de 142 víctimas.
Tan solo el año pasado, el Grupo de Trabajo logró aclarar 55 casos de desaparición forzada, de los que tenemos nosotros registrados, gracias a información proporcionada por el Gobierno. Argentina sí está haciendo un esfuerzo importante en este sentido que queremos `poner de ejemplo para otros países que no están haciendo lo suficiente y algunos de ellos incluso nada”.
Se calcula que entre 1976 y 1983 desaparecieron más de 30.000 personas en Argentina.
Corcuera y otro de los expertos, Saied Khorasani, recolectaron información durante tres días, visitaron antiguos centros de detención, se reunieron con funcionarios gubernamentales, dirigentes de derechos humanos, organizaciones civiles y representantes de familiares de las víctimas.
El experto mexicano encomió la derogación, por inconstitucionalidad, de las llamadas leyes de impunidad, como la de obediencia debida y punto final, que habían sido adoptadas en 1987, así como los indultos de la década de los años 90.
“Aquí en Argentina se están llevando adelante juicios a perpetradores que es importante que se tomen también como ejemplo en otros países que tienen también leyes de amnistía vigentes o que, aunque no tuvieran leyes de amnistía, actúan como si las tuvieran, porque no juzgan a nadie, no castigan a nadie y hacen como si no hubiera sucedido nada”.
Los avances y retrocesos argentinos en materia de impunidad, explicó, condujeron a veinte años de inactividad procesal.
En este sentido, dijo haber recibido manifestaciones de preocupación e incluso frustración por la lentitud con la que marchan los casos judiciales.
“Se están muriendo los perpetradores, y las madres de los desaparecidos están desesperadas en ese sentido. Hay una queja en relación con la lentitud en el proceso judicial, y por eso es que han establecido esta reforma al código de procedimientos para tratar de acelerar la etapa de la apelación, para volverla oral y que se dé mayor celeridad al proceso”.
Otro de los aspectos inquietantes, agregó, es la inseguridad de los testigos, defensores, fiscales, jueces y organizaciones involucradas en la investigación de casos de desapariciones forzadas.
Dijo que los expertos reflexionarán sobre este punto y harán recomendaciones al gobierno argentino.
A partir de este jueves, el Grupo de Trabajo celebra una sesión de tres días en Buenos Aires para determinar los casos que aceptará y que provienen de 31 países.
Es la primera vez que se reúne en Argentina, una nación cuya historia en desapariciones contribuyó a que se creara esa instancia.