Plantas de celulosa en Uruguay cumplirían con políticas ambientales, afirma Banco Mundial

13 Octubre 2006

El Banco Mundial dio a conocer el informe acumulativo final sobre dos proyectos de plantas de celulosa propuestas en Uruguay, según el cual, las papeleras cumplirían con las políticas ambientales y sociales, además de que generarían significativos beneficios económicos para ese país.

El estudio fue encargado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), miembros del grupo Banco Mundial.

En un comunicado, estas agencias indicaron que la investigación es resultado de un proceso meticuloso que consideró los impactos en el agua y el aire, la tecnología del proceso en las plantaciones y en la provisión de madera, así como los efectos sobre el turismo, la pesca y otros medios de sustento.

Según el estudio, las plantas de celulosa proponen la mejor tecnología disponible para buenas prácticas ambientales, comparadas con plantas de su tipo en Europa y Norteamérica.

Argentina tiene de plazo hasta enero de 2007, y Uruguay hasta julio, para presentar sus argumentos en el litigio sobre la construcción de estas plantas de celulosa en las orillas del río Uruguay, según lo dispuso la Corte Internacional de Justicia de La Haya en julio pasado.

La Corte rechazó una petición formulada por Argentina de paralizar las obras de los proyectos uruguayos, considerando que no se ha demostrado que puedan producir daños irreparables al medio ambiente o para los intereses sociales y económicos de los habitantes de la orilla argentina del río.

Argentina presentó el 4 de mayo una demanda formal contra Uruguay, tras el fracaso de las negociaciones bilaterales sobre la construcción de dos plantas de celulosa en la margen oriental del río, que el gobierno argentino estima dañinas para el medio ambiente.

Buenos Aires considera que la construcción de las dos plantas, un proyecto uruguayo en sociedad con firmas europeas, viola los términos del Estatuto del Río Uruguay, firmado por los dos países en 1975 y que incluye cláusulas de consulta previa.

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