Un nutrido grupo de expertos independientes* calificó como histórico el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del pasado 19 de julio que reconoce que convertir la ocupación israelí de los territorios palestinos en una anexión viola el derecho internacional.

“Esperamos que este fallo histórico inicie la realización del derecho fundamental del pueblo palestino a la libre determinación y la paz basada en la libertad para todos”, dijeron los cerca de 40 expertos en derechos humanos en una declaración conjunta publicada este martes.

Agregaron que la opinión consultiva de la CIJ servirá como una herramienta fundamental para restablecer el respeto por el derecho internacional, especialmente en este momento crucial en el que la Corte también está considerando las presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio por parte de Israel.

Los relatores especiales recordaron que la opinión se emitió 20 años después de que el mismo Tribunal dictaminara sobre la ilegalidad del muro de Israel, que fue ampliamente ignorada por Israel y los Estados miembros de la ONU, permitiendo así la impunidad.

Destacaron que desde el fallo de la Corte del 19 de julio, Israel ha intensificado los ataques contra la población civil de Gaza y sus recursos naturales, y reiteraron que Israel debe cumplir con esta opinión consultiva y otras órdenes de la CIJ emitidas este año.

“Israel debe dejar de actuar como si estuviera por encima de la ley”, enfatizaron.

Embargo de armas y sanciones a Israel

Los expertos consideraron que al margen de lo que decidan el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU para asegurar un rápido fin a la ocupación ilegal, “los Estados deben revisar inmediatamente todos los vínculos diplomáticos, políticos y económicos con Israel, incluidos los negocios y las finanzas, los fondos de pensiones, el mundo académico y las organizaciones benéficas”.

En este sentido, pidieron un embargo de armas y el fin de todos los negocios comerciales que puedan dañar a los palestinos, así como sanciones específicas, incluida la congelación de activos contra las personas y entidades israelíes involucradas en la ocupación ilegal, la segregación racial y las políticas de apartheid.

Además, pidieron investigar y procesar a los implicados en delitos cometidos en el territorio palestino ocupado, en particular a los ciudadanos con doble nacionalidad que prestan servicio en el ejército israelí o que participan en la violencia de los colonos.

Se pronunciaron por la amplia difusión de las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia para garantizar que la ilegalidad de la presencia de Israel en los territorios palestinos “se comprenda plenamente en todos los niveles del gobierno y se refleje en los documentos públicos y los sistemas educativos”.

Derogación de leyes

“Las leyes y políticas que penalizan la oposición o impiden la defensa contra la ocupación y el apartheid de Israel deben ser derogadas”, aseveraron los expertos.

Asimismo, alentaron a los Estados a colaborar con la Corte, pidieron una presencia protectora para los palestinos y exigieron el acceso de expertos y mecanismos independientes a los territorios palestinos ocupados.

También instaron a la comunidad internacional a desafiar los esfuerzos deliberados de Israel por reescribir las normas del derecho internacional humanitario, utilizándolo como “camuflaje humanitario” para legitimar una violencia potencialmente genocida contra los palestinos.

Israel se burla del orden internacional

“Durante demasiado tiempo, los palestinos han sido rehenes de la realpolitik, mientras que Israel ha convertido en una burla el orden internacional y el marco normativo del derecho internacional. Confiamos en que la opinión consultiva de la Corte sea el catalizador de una acción internacional renovada para restablecer y preservar un orden internacional basado en el respeto de las leyes”, puntualizaron.

Al igual que Israel, otros los Estados miembros de la ONU deben cumplir de inmediato con la determinación de la Corte, insistieron.

En su sentencia, el máximo tribunal judicial reiteró la ilegalidad de la ocupación israelí de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. También se refirió como ilegal al régimen de asentamientos, la anexión y el uso de los recursos naturales asociados.

Del mismo modo, indicó que la legislación y las medidas de Israel violan la prohibición internacional de la segregación racial y el apartheid y ordenó a Israel poner fin a su ocupación, desmantelar los asentamientos, brindar reparaciones completas a las víctimas palestinas y facilitar el regreso de las personas desplazadas.

Los relatores dijeron que la opinión consultiva reafirma las normas perentorias que prohíben la anexión, los asentamientos, la segregación racial y el apartheid, y subrayaron que debe considerarse de naturaleza declaratoria y “vinculante para Israel y todos los Estados que apoyan la ocupación”.

La libertad frente a la ocupación militar es innegociable

La Corte refutó la idea de que la libre determinación palestina debe lograrse únicamente a través de negociaciones bilaterales con Israel, un requisito que ha sometido a los palestinos a la violencia, el despojo y las violaciones de sus derechos durante 30 años, abundaron.

“La Corte finalmente ha reafirmado un principio que parecía poco claro, incluso para las Naciones Unidas: la libertad frente a la ocupación militar extranjera, la segregación racial y el apartheid es absolutamente innegociable”, acentuaron.

*Los Expertos y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.