Relatores advierten de violaciones de derechos socioeconómicos en Turquía en vísperas del referéndum
Los ciudadanos turcos votarán una propuesta de enmienda constitucional que propugna el cambio de un sistema parlamentario a uno presidencialista.
De aprobarse, le otorgaría a Erdogan poderes extensos como la autoridad absoluta para declarar futuros estados de emergencia y medidas extraordinarias.
El grupo de expertos advirtió que, si se otorgan, esos poderes podrían exacerbar las graves violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.
Asimismo, los relatores indicaron que el despido de unos 134.000 funcionarios por presuntos vínculos con organizaciones prohibidas por el gobierno, sin el debido proceso o compensación, carece de justificación y contraviene las obligaciones internacionales de Turquía en materia de derechos humanos.
Añadieron que, incluso en un estado de emergencia, los derechos económicos, sociales y culturales sólo pueden restringirse si respetan las garantías fundamentales de la población y “con el fin exclusivo de promover el bienestar general en una sociedad democrática”, un escenario que no corresponde con la realidad turca.
Desde la proclamación del estado de emergencia el pasado mes de julio, se produjo un despido masivo de profesores afiliados a sindicatos y funcionarios del Ministerio de Educación que, se estima, contribuyó a cerrar unas 1.000 escuelas y 15 universidades aproximadamente.
También indicaron que el cierre de unos 200 medios de comunicación contribuyó a minar el debate sobre las propuestas del referéndum que se celebrará este domingo.