En rueda de prensa, uno de los miembros del equipo, Ariel Dulitzk sostuvo que las organizaciones de derechos humanos informaron que desde 2006 más de 3.000 personas han sido víctimas de ese flagelo.

Señaló que entre los grupos más expuestos a esas desapariciones están los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, así como las mujeres, los menores de edad y los migrantes.

Dulitzk añadió que las familias de los desaparecidos tienen temor a denunciar estos hechos pues especialmente los ministerios públicos habrían intentado desacreditar a las personas desaparecidas declarando que estaban involucradas con grupos del crimen organizado.

El experto indicó que aunque México enfrenta una situación muy complicada en materia de seguridad pública, no todos los crímenes cometidos en el país, incluidas las desapariciones forzadas pueden ser atribuidos a la delincuencia organizada.

“Debido a que la impunidad es un elemento frecuente en los casos de desapariciones forzadas, muchos casos que podrías encuadrarse en este delito, son reportados e investigados bajo una figura diferente, o ni siquiera son considerados delitos”, dijo Dulitzk.

Durante la visita de una semana, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU visitó los estados de Chihuahua, Coahuila, Guerrero y la Ciudad de México.