Egeland hizo este llamamiento dado que cientos de miles de personas han sido desplazadas por las milicias en el oriente del país, mientras que la población de otras regiones sufre a manos de los militares.

“Más de 88.000 personas han sido desplazadas de sus hogares este año en Ituri, tras ser víctimas de violaciones, tortura, secuestro, saqueo y otros abusos de los derechos humanos cometidos en un clima de impunidad”, dijo.

El funcionario calificó la situación en Ituri como una “crisis humanitaria a gran escala” y elogió el valor de los trabajadores humanitarios que operan en el área para asistir a la población: “Están salvando vidas diariamente pese a la creciente inseguridad”, recalcó.

En este sentido, solicitó al gobierno de transición que apoye la labor de la comunidad humanitaria.

Por otra parte, señaló que en la provincia de Kivu, las fuerzas armadas no han recibido sus salarios y acosan a la población civil para garantizar su propio bienestar.

“La falta de apoyo logístico y la falta de pago de sueldos significa que estos soldados se ven obligados a vivir de la población que deben proteger. El Gobierno de Transición debe asegurarse de que sus soldados en el terreno reciban alguna forma de pago para que termine el acoso a los civiles”, recalcó.

Egeland recordó asimismo que más de 30.000 congoleños mueren cada mes por causas prevenibles a pesar de que en junio de 2003 se firmó un acuerdo de paz entre los principales grupos rebeldes.

Denunció que en algunas zonas del país, las autoridades locales confiscan los vehículos de las organizaciones humanitarias, además de cobrarles impuestos y obstaculizar su trabajo.

“El Gobierno de Transición debe enviar un mensaje estricto a sus representantes provinciales para que detengan inmediatamente ese acoso”, enfatizó Egeland.