Antes de la próxima audiencia judicial de Julian Assange en el Reino Unido, en la que cabe la posibilidad de que sea extraditado a Estados Unidos, una experta independiente en derechos humanos de la ONU expresó su preocupación por la posibilidad de que se produzcan graves violaciones de los derechos del fundador de WikiLeaks. 

La relatora especial sobre la tortura*, Alice Jill Edwards advirtió de que las repercusiones de este caso podrían influir significativamente en el periodismo internacional y en la libertad de expresión e hizo un llamamiento a las autoridades británicas para que "detengan cualquier posible extradición por temor a que la salud de Assange pueda verse "irreparablemente dañada" por la extradición.

En una entrevista con Noticias ONU, Edwards expresó su preocupación por la salud mental y física de Assange y afirmó que "el mundo está siguiendo este caso muy, muy de cerca", debido a las posibles implicaciones del resultado para la libertad de expresión en todo el mundo.

Está previsto que los días 20 y 21 de febrero se celebre ante el Tribunal Superior de Londres la última apelación nacional tras una larga batalla legal sobre la extradición.

Assange se enfrenta a 18 cargos penales en Estados Unidos por su presunta participación en la obtención y divulgación ilícitas de documentos clasificados relacionados con la defensa nacional, incluidas pruebas que revelan presuntos crímenes de guerra.

Lleva detenido en Reino Unido desde 2019, y actualmente se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh.

Riesgo real de sufrir tortura 

Noticias ONU: ¿Por qué le preocupa la posible extradición de Julian Assange del Reino Unido a Estados Unidos?¿Cuáles son los principales argumentos jurídicos y de derechos humanos en contra de tal decisión?

Alice J. Edwards: El caso de Julian Assange tiene una larga historia legal en el Reino Unido, que abarca varios años. Mi papel como relatora especial de la ONU consiste en pronunciarme siempre que considero, basándome en información sustancial, que alguien puede ser enviado a un lugar donde corre un riesgo real de sufrir tortura o tratos inhumanos o degradantes.

El Reino Unido es parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ambos [instrumentos] tienen un artículo equivalente, el artículo 3, que prohíbe a los Estados enviar personas a lugares donde puedan sufrir este tipo de trato. 

En el caso de Assange, sobre la base de los materiales que me han proporcionado y en lo que también ha sido documentado por el tribunal, hay tres razones por las que estoy particularmente preocupada en este momento con respecto a que el Reino Unido pueda cumplir con sus obligaciones en virtud del artículo tres.

La primera es que Assange, y está bien documentado y también aceptado por el tribunal, y la razón por la que su extradición ha sido suspendida hasta hoy, sufre de un trastorno depresivo. Cualquier extradición a los Estados Unidos es muy probable que exacerbe sus condiciones médicas subyacentes, y hay un riesgo muy real de suicidio.

La segunda razón es que Assange se enfrenta a una prisión preventiva en los Estados Unidos a la espera de juicio y durante éste. Si es condenado, por supuesto, también sería castigado con penas de prisión. Estados Unidos tiene una larga historia de uso del aislamiento y reclusión en régimen de aislamiento, que consiste en mantener a las personas en sus propias celdas individuales sin interacciones diarias.

Las Reglas Nelson Mandela que rigen [las normas mínimas para el tratamiento de los reclusos] indican que 15 días de aislamiento o reclusión en régimen de aislamiento equivale a tortura. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que cualquier forma de aislamiento y confinamiento solitario, especialmente el aislamiento solitario prolongado, tendrá un impacto irreparable en la salud psicológica e incluso potencialmente física de Julian Assange.

Y la tercera razón por la que creo que esta extradición probablemente incumpliría las protecciones del artículo 3 es que Assange se enfrenta a una pena de 175 años. Ha sido acusado de revelar telegramas diplomáticos y de otro tipo que eran de carácter confidencial, incluidas las pruebas de presuntos crímenes de guerra. Y ahora se enfrenta a 175 años. 

Todos podemos hacer los cálculos: Assange tiene 53 años. La cifra es más de tres veces su edad actual. Y, por supuesto, equivale a 175 años, que es más de lo que se vive hoy en día y es, por tanto, dos veces y media una cadena perpetua ordinaria.

En otros países, por supuesto, las cadenas perpetuas están establecidas por ley. En Australia, por ejemplo, la pena es de hasta 30 años, y un mínimo de 10, fijada por ley. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aceptado que las penas manifiestamente desproporcionadas, a lo que yo considero que equivaldrían 175 años por los cargos imputados a Assange, y los castigos excesivos son malos tratos según el derecho internacional.

Wikimedia Commons/Kleon3

Julian Assange se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh, en Londres, Reino Unido.

Último recurso interno para Assange

Noticias ONU: Como alguien que ha estado siguiendo la evolución del caso de Assange, ¿podría decirnos si sus condiciones actuales se ajustan a las convenciones, la forma en que es tratado y mantenido en confinamiento ahora?

Alice J. Edwards: Eso en realidad no lo puedo responder. Mi predecesor visitó a Assange en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh. Yo no lo he hecho, y han pasado varios años desde que un funcionario de la ONU realizó una visita.

Noticias ONU: ¿Cuál es su mensaje a las autoridades del Reino Unido? ¿Ha tenido alguna reacción de ellos? ¿Algún comentario sobre su llamamiento?

Mi apelación al Reino Unido se dirige a los tribunales; se trata de un proceso que está pasando por los tribunales. Pero, en última instancia, corresponde al secretario de Estado determinar si la extradición tendrá lugar en caso de que el tribunal lo permita. Mi llamamiento es para que se encuentre alguna solución en el caso de Assange. Este es el último recurso interno para Assange.

Este es el final de la línea de su gama de recursos. Es muy importante que este caso se considere muy cuidadosamente debido a las consecuencias muy graves para Assange (...) su salud y bienestar. Esos son mis llamamientos a las autoridades británicas.

Noticias ONU

La relatora especial sobre la tortura, Alice Jill Edwards.

Protección de los denunciantes

Noticias ONU: ¿Cree que la extradición de Julian Assange podría sentar un precedente peligroso para la libertad de prensa y el periodismo en todo el mundo o para los casos de denunciantes y periodistas?

Alice J. Edwards: Considero que los Estados deben poder entablar relaciones diplomáticas y mantener correspondencia confidencial entre ellos. De hecho, nuestra paz y seguridad internacionales dependen de ese nivel de seguridad. Sin embargo, los derechos humanos exigen que también seamos transparentes cuando se producen transgresiones, o crímenes de guerra, como se ha alegado en relación con algunos de los telegramas e información que se hicieron públicos.

Toda ley, ya sea de traición o de seguridad nacional, debería incorporar la protección de los denunciantes o una defensa de la denuncia. En este momento, ese no es el caso en Estados Unidos, según tengo entendido. 

La ley que se está aplicando no se ha actualizado para reflejar las normas de derechos humanos del siglo XXI. Y eso es muy problemático para otras personas que se encuentran en una situación similar a la de Julian Assange, que pueden desear dar a conocer información sobre actividades que están siendo llevadas a cabo por sus gobiernos.

De hecho, todo el sistema internacional funciona sobre la base de nuestra capacidad de decir lo que pensamos, de hablar libremente y de revelar y pedir cuentas a los gobiernos por posibles violaciones. Y luego, por supuesto, debe seguir la rendición de cuentas.

Así pues, el mundo sigue este caso muy, muy de cerca. Me gustaría ver que los Estados Unidos y el Reino Unido llegan a una resolución ... que no requiere que Julian Assange sea extraditado a los Estados Unidos dadas sus condiciones médicas actuales.

* Los relatores especiales son expertos en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para cuestiones temáticas específicas. Trabajan de forma voluntaria y son independientes de cualquier gobierno u organización. Desempeñan sus funciones a título individual, no son funcionarios de la ONU y no perciben salario alguno.