La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, reiteró los llamados anteriores para que “los procesos electorales nacionales de Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos”.

En ese contexto, aseguró que le “preocupan mucho las medidas para restringir indebidamente el espacio cívico y democrático, incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición”.

Y agregó que “los derechos humanos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, y un entorno seguro son condiciones esenciales para los procesos electorales y deben protegerse”.

Previamente, Al Nashif había lamentado la decisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de suspender las actividades de la Oficina de Derechos Humanos en el país en espera de revisión, e instruir la salida de nuestros colegas en un plazo de 72 horas, medidas que dijo “son incompatibles con los términos de la Carta de Entendimiento acordada” con el Gobierno.

“Desde el establecimiento de la presencia del Oficina de Derechos Humanos en el país, puedo dar fe de que se han producido cambios positivos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer”, dijo.

Y citó como ejemplo, el hecho de que su Oficina no ha registrado incidentes de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las protestas relacionadas con el disfrute de los derechos sociales y económicos que han persistido durante todo el año.

Sin embargo, mostró su preocupación por “los casos de arrestos y detenciones arbitrarias, despidos del empleo o restricciones en su acceso a las prestaciones sociales, como consecuencia de la participación en tales manifestaciones”.

Al Nashif añadió que los defensores de derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas, entre ellas Javier Tarazona y Rocío San Miguel.

No al Proyecto de Ley sobre las ONG

En este contexto, hizo llamado a las autoridades para que se abstengan de adoptar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, porque incluso “podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital”.

La Alta Comisionada adjunta también acogió con satisfacción la liberación de al menos 34 personas privadas de libertad a raíz de estos acuerdos. Sin embargo, recordó que la mayoría de ellas siguen siendo objeto de procesos penales y deben comparecer periódicamente ante el sistema de justicia.

En total, en 2023, la Oficina registró 69 liberaciones de personas seguidas por el equipo en el país, de las cuales nueve tuvieron decisiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.

“Pido su liberación total, así como una vez más, la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente”, añadió.

Desapariciones forzadas

La alta funcionaria informó de que, desde enero de 2023, su Oficina ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad en el contexto de la detención.

“Estas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas. Durante este período, hubo una negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del destino o su paradero. La mayoría de las personas se enfrentaron posteriormente a cargos relacionados con conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y lavado de dinero”, explicó.

Tras reconocer en ese contexto que, si bien el Estado tiene el deber de mantener el orden público, todas las medidas deben ser compatibles con el derecho internacional, incluida la conformidad de la legislación penal con los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Economía y sanciones

En un contexto más económico, reiteró que las sanciones sectoriales (impuestas de forma unilateral por Estados Unidos) han exacerbado los problemas preexistentes y han tenido un impacto negativo desproporcionado en los segmentos más vulnerables de la población.

“Una vez más, hay que levantar las sanciones” unilaterales, dijo.

Al Nashif observó también que “a pesar de los signos de crecimiento de los últimos dos años, el acceso a la salud, la alimentación y la educación sigue enfrentando desafíos estructurales como la falta de personal y de financiamiento, lo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, y a las comunidades indígenas y campesinas”.