Expertos encomian la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior de México
Derechos humanos
Nueve expertos de la ONU en derechos humanos* encomiaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México de declarar inconstitucional en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, que otorga un papel prominente al ejército en la vida pública del país.
El 15 de noviembre pasado, el máximo tribunal mexicano consideró que dicha ley es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales ya que contiene disposiciones que normalizarían el uso de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública. La legislación fue elaborada por el actual gobierno, que concluirá su mandato este 30 de noviembre.
Los expertos consideraron que esta declaración es un paso significativo para revertir la militarización de la seguridad pública en el país.
“El creciente papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, aunado a la ausencia de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, ya ha dado lugar al bien documentado incremento en las violaciones de derechos humanos en México", señalaron los expertos. “Saludamos esta decisión de la Suprema Corte”.
Desde el inicio del proceso legislativo que buscaba fortalecer la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y en el combate a la delincuencia, los expertos expresaron preocupaciones con respecto a su potencial impacto sobre la protección de los derechos humanos. Estas preocupaciones fueron compartidas con magistrados de la Suprema Corte el pasado 12 de noviembre. La decisión de la Corte declarando la inconstitucionalidad de la ley adoptada en 2017, se tomó tres días después.
Recomendaciones
Los expertos recordaron las recomendaciones que han sido emitidas por diversos mecanismos de las Naciones Unidas, respecto a la necesidad de restringir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, de separar debidamente las funciones policiales y militares, de instituir mecanismos efectivos de control civil y de garantizar la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.
Los relatores urgieron al Estado mexicano a no adoptar ninguna medida que consolide el modelo militar en materia de seguridad.
Finalmente, reiteraron su disposición para asistir los trabajos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país y asegurar el ejercicio de los derechos humanos de todos los habitantes de México.
* Los expertos son: Tae-Ung Baik (Vice Presidente), Bernard Duhaime (Presidente-Relator), Souria Es-Slami, Luciano Hazan, Henrikas Mickevičius, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Seong-Phil Hong (Presidente-Relator), Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.