Recordó que estos principios constituyen el núcleo del Acuerdo de Arusha, que funcionó como base para la Constitución burundesa de 2005, que continúa en vigor.

En su informe sobre la situación en Burundi, el Secretario General afirma que, si Burundi es un estado soberano y, por lo tanto, tiene derecho a modificar su Constitución, el proceso debe emprenderse de “manera inclusiva”, de tal forma que cuente con la más amplia participación posible y genere consenso entre los principales agentes políticos.

En este documento, el Secretario General explica que la revisión constitucional prevé que: el mandato del presidente se ampliará a siete años; el poder ejecutivo, judicial y el Parlamento realizarán un examen de cuotas étnicas – 60 % Hutu y 40 % - al cabo de cinco años; se creará el puesto de Primer Ministro y se suprimirá el de décimo vicepresidente; las leyes ordinarias se adoptarán por mayoría simple y no de dos tercios. 

Muchas partes interesadas y socios de Burundi han declarado su preocupación ante el hecho de que las revisiones propuestas puedan acabar con los avances que se han alcanzado gracias al Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha, escribe el Secretario General. “En particular, resulta preocupante dar la posibilidad de suprimir las cuotas étnicas pactadas en el Acuerdo de Arusha”.

En su intervención, Kafando indicó que la preocupación expresada por el Secretario General en su informe no se debe interpretar como una injerencia en los asuntos internos del país que le niega su derecho soberano a revisar la constitución. “Al contrario, debe entenderse como un deseo de lograr el consenso sobre una cuestión primordial, sobre el destino de Burundi”, señaló.

Resulta evidente por su historia que la estabilidad y el desarrollo de Burundi durante los últimos quince años ha sido fruto del amplio consenso que ha prevalecido en las negociaciones y la adopción del Acuerdo de Arusha, el cual no se limita exclusivamente al equilibrio étnico y de género, incluidos en la nueva constitución, prosiguió el enviado especial.

Kafando recordó que el artículo 299 de la Constitución burundesa de 2005, todavía en vigor, establece que se puede retener cualquier procedimiento de revisión si amenaza la unidad nacional o la cohesión del pueblo burundés. El enviado especial declaró que solo le guiaba un objetivo: “hacer sonar la voz de alarma para que el futuro en construcción del pueblo burundés sea su patrimonio y evitar así el redundante comienzo que ha hecho sufrir tanto a este país”.

Esta posición fue rechazada por el delegado de Burundi, Albert Shingiro, que calificó el informe del Secretario General de “injerencia atrevida” en los asuntos de su país. Solicitó al Consejo de Seguridad que retirase a Burundi de su orden del día dado que, según afirmó, en el país reina la calma y que este no supone una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

Por su parte, el presidente de la configuración encargada de Burundi en la Comisión por la Consolidación de la Paz (CCP), Jurg Lauber, se centró en el regreso de los refugiados procedentes de Tanzania a Burundi. Aunque 13.000 ya volvieron en 2017, y se prevé que no menos de 60.000 lo hagan en 2018, el presidente ha advertido de la creciente presión que estas repatriaciones podrían tener en las comunidades de acogida.