En un comunicado, Maina Kiai citó el congelamiento de activos de cinco reconocidos defensores de las garantías fundamentales y de tres ONG bajo alegaciones de “financiamiento externo”, realizado el 17 de septiembre pasado.

Kiai destacó que estos acontecimientos ocurren en un contexto de mano dura contra los defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en Egipto.

“El Gobierno ataca sistemáticamente a la sociedad civil para silenciarla”, apuntó el experto.

Recordó que el 8 de septiembre, el Gabinete egipcio aprobó el borrador de una ley sobre ONG que mantiene las medidas restrictivas de la actual legislación para esas agencias y limita su trabajo a las áreas de desarrollo y sociales, además de que impone como mínimo un monto de capital muy alto para formar una ONG.

Kiai llamó al Gobierno egipcio a detener el acoso a los activistas y organizaciones de derechos humanos y a ajustar el borrador de ley para que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos antes de someterlo a aprobación.