El presidente de la Corte, Peter Tomka, anunció el veredicto, en el que se insta a Japón a revocar los permisos y a no emitir nuevas licencias dentro de su programa de caza, que no se ajusta a la legislación internacional

Esas leyes permiten la caza de los cetáceos únicamente con fines científicos o de subsistencia de una población aborigen.

Los jueces de la Corte reconocieron que el programa de caza japonés contiene objetivos científicos pero señalaron que su implementación carece de transparencia.

Australia demandó a Japón ante la Corte Internacional de Justicia en mayo de 2010 argumentando que sus actividades de caza tenían un fin comercial. La demanda australiana usó como base las normativas de la caza de ballena firmadas para la conservación de esos animales.