Esequibo: Guterres confía en que los compromisos entre los presidentes de Venezuela y Guyana distiendan la situación

Vista del río Esequibo
© Dan Lundberg
Vista del río Esequibo

Esequibo: Guterres confía en que los compromisos entre los presidentes de Venezuela y Guyana distiendan la situación

Paz y seguridad

Los mandatarios venezolano y guyanés acuerdan no usar la fuerza en la disputa por ese territorio rico en recursos naturales y anuncian una nueva reunión en tres meses. António Guterres les recuerda que el contencioso fronterizo está siendo analizado por el máximo órgano judicial de la ONU.

Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, Irfaan Ali, anunciaron ayer que no usarán la fuerza ni escalarán las tensiones en su contencioso por el Esequibo, el territorio que se disputan desde hace más de un siglo.

También adelantaron que continuarán sus conversaciones dentro de tres meses en Brasil.

Los mandatarios se encontraron en Argyle, cerca Kingstown, la capital de San Vicente y las Granadinas, en una reunión auspiciada por la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), lideradas por los buenos oficios del presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.

El Secretario General de las Naciones Unidas se mostró complacido con el compromiso de los presidentes de Venezuela y Guyana “para resolver sus diferencias por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 1966”.

El portavoz de António Guterres declaró este viernes a la prensa que el titular de la ONU “confía en que los compromisos alcanzados ayer en Argyle, en San Vicente y las Granadinas, se traduzcan en una inmediata desescalada de las tensiones y en el retorno a las relaciones de buena vecindad”.

Stephan Dujarric agregó que Guterres encomió el papel desempeñado por los primeros ministros de San Vicente y las Granadinas y de Dominica, presidentes pro tempore de la CELAC y CARICOM, respectivamente, y por el presidente de Brasil. Agradeció igualmente el apoyo de los países de la región para facilitar las discusiones del Nicolás Maduro e Irfaan Ali.

El Secretario General “acoge con satisfacción los planes de las partes de volver a reunirse en Brasil en los próximos meses y recuerda que la controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela está ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y que no toma postura con relación a procesos judiciales en curso”, puntualizó el portavoz.

La ONU asistió a la reunión de los dignatarios en calidad de observadora, representado por el jefe de Gabinete, Courtenay Rattray, y el subsecretario general para Europa, Asia Central y América Miroslav Jenča.

El caso en el tribunal de La Haya

El 1 de diciembre pasado, el máximo órgano judicial de la ONU ordenó a Venezuela no tomar ninguna medida que modificara “la situación que actualmente prevalece” en el territorio en disputa del Esequibo -rico en petróleo, minerales y gas en su extensión marítima, que también está en disputa-, administrado y controlado por Guyana.

El fallo fue alcanzado por unanimidad y constituye una disposición provisional “en espera de una decisión final”, según explicó el tribunal en esa ocasión.

La Corte también dispuso que ambas partes ser abstuvieran “de cualquier acción que pueda agravar o extender la controversia ante la Corte o hacerla más difícil de resolver”.

La orden de la Corte es legalmente vinculante y tiene vigencia hasta que el caso presentado por Guyana sobre el futuro del Esequibo sea considerado por ese tribunal.

El fallo de la Corte ocurrió dos días antes de que Caracas llevara a cabo un referéndum sobre el futuro del Esequibo, proponiendo hacer de ese territorio un estado de Venezuela y otorgarle la ciudadanía venezolana a sus habitantes. El resultado de esa consulta fue positivo para Venezuela, según el gobierno de ese país.

La historia

El Esequibo es un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados localizado en la marca divisoria entre ambos países que Venezuela siempre ha considerado propio debido a que se encontraba dentro de sus fronteras en la época de la Colonia.

Su disputa empezó en 1899, cuando Guyana era una colonia británica y los árbitros internacionales trazaron una nueva frontera.

En febrero de 1966, después de cuatro años de negociaciones, Venezuela, Gran Bretaña y la Guayana Británica -cuyo nombre cambio a Guyana al ser un Estado independiente-, firmaron en Ginebra un Acuerdo que estableció los mecanismos para revisar la controversia y buscar soluciones satisfactorias. Desde entonces, Venezuela tiene como marco jurídico y político ese tratado en su reclamación del Esequibo.

En marzo de 2018, Guyana solicitó a la Corte iniciar un proceso contra Venezuela, pidiéndole que confirmara la validez jurídica y vinculante del “Laudo sobre el Límite entre la Colonia de la Guayana Británica y los Estados Unidos de Venezuela” del 3 de octubre de 1899”.

Más de dos años después, el 18 de diciembre de 2020, el tribunal se declaró competente para considerar la demanda de Guyana, aunque sin jurisdicción para atender los reclamos guyaneses referentes al Acuerdo de Ginebra.

La Corte fijó el 8 de marzo de 2022 y el 8 de marzo de 2023 como plazos respectivos para la presentación de una memoria por parte de Guyana y una contramemoria por parte de Venezuela. La memoria de Guyana fue presentada dentro del plazo.

El 7 de junio de 2022, Venezuela planteó excepciones preliminares a la admisibilidad de la solicitud de Guyana. La Corte fijó el 7 de octubre del mismo año como límite para que Guyana expusiera por escrito sus observaciones y argumentos sobre dichas excepciones preliminares. Guyana cumplió con el plazo fijado.

Del 17 al 22 de noviembre de 2022 se llevaron a cabo audiencias públicas sobre las excepciones preliminares interpuestas por Venezuela.

El 6 de abril de 2023, la Corte dictó su sentencia, determinando que tiene competencia para examinar el caso y que puede pronunciarse sobre las reclamaciones de Guyana, en la medida en que entren dentro del alcance de su sentencia del 18 de diciembre de 2020.