Los gobiernos deben optar por el trabajo garantizado para luchar contra la pobreza

Los sueldos bajos y las condiciones precarias de trabajo aunados a las pérdidas de empleo masivas provocadas por la inteligencia artificial dejan claro que “el mundo del trabajo tiene que ser repensado urgentemente”, afirma un experto de la ONU en derechos humanos, y aboga por el trabajo asegurado y decente para combatir la pobreza.

El relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos* aseveró este viernes que en el mundo de hoy ya no es suficiente que los gobiernos se contenten con crear condiciones adecuadas para aumentar los puestos de trabajo, sino que “tienen que garantizar un empleo seguro y socialmente útil con un salario digno para cualquiera que lo requiera”.

“De esto se trata realmente el derecho al trabajo”, sostuvo Olivier De Schutter en la presentación de su informe al Consejo de Derechos Humanos.

El experto consideró que con los salarios bajos y las condiciones precarias de empleo que afectan a la mayor parte de los trabajadores del mundo, sumados a las pérdidas masivas de trabajos debidas a la inteligencia artificial, es necesario detenerse a reflexionar.

“Está claro que el mundo del trabajo tiene que ser repensado urgentemente”, recalcó.

Para De Schutter, una forma de proteger a los trabajadores de los desafíos actuales sería optar por programas de trabajo garantizado, es decir, que los gobiernos aseguraran un empleo a cualquier persona que esté dispuesta a trabajar y sea capaz de hacerlo.

Herramienta para combatir la pobreza

El relator sostuvo que el empleo garantizado es una herramienta poderosa en la lucha contra la pobreza.

Explicó que los programas de empleo público pueden reincorporar a la población activa a personas consideradas “inactivas” y pueden proporcionar empleo a quienes trabajan involuntariamente a tiempo parcial o dependen del trabajo estacional. 

Para reforzar sus afirmaciones, recordó que el empleo fue el factor que más contribuyó a la reducción sustancial de la pobreza en un conjunto de 16 países de renta baja y media en el periodo 2000-2010: en 14 de esos 16 países, la renta del trabajo generó más del 40% del cambio en la “pobreza”, y en 10 países, más del 50%.

También señaló que los programas de mantenimiento del empleo fueron cruciales durante la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19.

Una paradoja

En su informe, De Schutter subrayó la incongruencia de que por un lado haya un gran déficit de empleo y, por el otro, sigan sin atenderse muchas necesidades sociales.

Todo esto -argumentó- debido a la obsesión del crecimiento económico a toda costa, que ha dejado desabastecidos los empleos en los sectores del cuidado, la educación y la salud a pesar de su gran valor social. “Sin duda porque no generan ganancias obscenas”, lamentó.

“He ahí la paradoja: puede que escaseen los empleos decentes, pero no así el trabajo”, acotó, y agregó que los gobiernos disponen de muy pocos ingresos públicos para invertir en la creación de los empleos que hacen falta para llevar a cabo las transiciones que se precisan. “La introducción del empleo garantizado se propone en ese contexto”, planteó. 

Expuso que los programas de trabajo garantizado en el pasado han tendido a crear empleos en proyectos de infraestructura para la construcción de puentes y represas, dejando alarmantes brechas en los sectores del trabajo de cuidado, la educación y la salud.

Sentido del propósito

En este renglón, el relator recalcó que el acceso al trabajo decente no sólo proporciona ingresos y reduce la pobreza, sino que, además, permite que las personas ganen confianza en sí mismas y adquieran un sentido del propósito.

“La ecologización de la economía y el creciente reconocimiento de la importancia de la economía del cuidado son oportunidades en ese sentido”, apuntó, aludiendo a los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que indican que tan sólo en un grupo de 45 países que aglutinan al 60% de la población mundial harían falta 117 millones de empleos para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los apartados referentes a la salud, el cuidado y la educación.

Con respecto a los datos globales, citó los números de la OIT que estiman que en 473 millones de personas la brecha mundial de empleo: 205 millones desempleados y 268 millones que quisieran trabajar pero no pueden debido a circunstancias más allá de su control, como la falta de un servicio público de cuidado infantil. 

Además, precisó que unos dos mil millones de personas, 60% de la mano de obra mundial, trabaja en la economía informal, a menudo en empleos inseguros, con salarios precarios y poco acceso a derechos laborales.

Cambiar la correlación de fuerzas

“Durante demasiado tiempo, los empleadores explotadores han tenido la ventaja, sabiendo que los trabajadores elegirán un trabajo mal pagado e inseguro en lugar de la indigencia. El trabajo garantizado cambiaría la correlación de fuerzas y los trabajadores podrían recurrir a trabajos del gobierno que ofrecen condiciones y salarios decentes”, abundó.

Del mismo modo, un trabajo garantizado podría cubrir los empleos que se necesitan tan desesperadamente, pero que el sector privado no provee ante la falta de incentivos financieros.

Aclaró, por otro lado que un trabajo garantizado tiene que ser estrictamente voluntario y complementar, no reemplazar, a la protección social, como una característica permanente del mercado laboral.

“Si se diseña de esta manera, jugaría un rol importante en la lucha contra el desempleo, proporcionaría la seguridad de ingreso y la inclusión social que necesitan millones para librarse de la pobreza”, concluyó De Shutter.

*Los relatores especiales forman parte de los "Procedimientos Especiales" del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.