Colombia, Julian Assange... Las noticias del viernes

12 Abril 2019

El responsable de la Misión de la ONU en Colombia ha informado al Consejo de Seguridad sobre los avances del proceso de paz. Carlos Ruiz Massieu ha pedido que la Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de la paz se ponga en marcha lo antes posible. Michelle Bachelet espera que Julian Assange tenga derecho a un juicio justo, incluyendo los procesos de extradición.

La ONU pide al Gobierno colombiano que ponga en marcha la JEP y no aplique reformas "retroactivas"

El responsable de la Misión de la ONU en Colombia ha informado al Consejo de Seguridad sobre los avances del proceso de paz. Carlos Ruiz Massieu ha pedido que la Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz se ponga en marcha lo antes posible.

El presidente Iván Duque objetó a seis artículos de esta ley. La Cámara de Presentantes rechazó estas objeciones, pero ahora se está considerando en el Senado.

Esa ley, decía Massieu, es el último elemento legal necesario para asegurar que la JEP, que ya ha iniciado casos que afectan a 820.000 víctimas, puede operar con la necesaria independencia y autonomía.

El jefe de la misión de la ONU también espera que las reformas de la Constitución que planea el Gobierno no se apliquen retroactivamente a aquellos que han dejado las armas.

“En un clima de incertidumbre-para las víctimas, para aquellos que están sujetos a la Jurisdicción Especial para la Paz, para los miembros de las FARC que esperan fondos para la reintegración social y económica y para las comunidades que han sufrido el conflicto-la mayor incertidumbre sería reabrir elementos que están en el núcleo del Acuerdo de Paz”.

Lee el último informe del Secretario General sobre Colombia

Michelle Bachelet espera que Julian Assange tenga un juicio justo

ONU / Jean-Marc Ferré

 

Michelle Bachelet espera que Julian Assange tenga derecho a un juicio justo, incluyendo los procesos de extradición.

El relator especial para la libertad de prensa cree que “aunque llevar a Assange a juicio pueda parecerle bien a mucha gente, para otras despierta preocupaciones muy serias”.

David Kaye considera que la acusación puede ser estrictamente legal bajo las leyes de Estados Unidos “pero con toda posibilidad terminaría mal para la prensa y el papel democrático de vigilante que esperamos que juegue”.

Sudán debe colaborar con la Corte Penal Internacional

ONU / Tim McKulka

 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha pedido a las autoridades de Sudán que cooperen con la Corte Penal Internacional que acusa al presidente depuesto Omar al-Bashir de crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Darfur.

 “Nuestra posición es muy clara. Pedimos a las autoridades de Sudán que cooperen totalmente con la Corte Penal Internacional", decía la portavoz de su oficina. "Hay una resolución del Consejo de Seguridad de 2005 que pedía esta cooperación y dar la asistencia necesaria a la Corte, pidiendo a las autoridades sudanesas que cumplan sus obligaciones. Y sí, seguimos pidiendo al Gobierno que coopere con la CPI”.

El Consejo militar que ha disuelto el Gobierno ha declarado el Estado de emergencia, suspendido la Constitución y declarado un proceso de transición de dos años antes de que se celebren elecciones.  El embajador de Sudán ha dicho ante el Consejo de Seguridad que el consejo militar será el “garante” de la vuelta de un “Gobierno civil” y que ningún partido será excluido del proceso democrático.

La Corte Penal Internacional no investigará los posibles crímenes de guerra en Afganistán

ONU / Rick Bajornas

 

Y los jueces de la Corte Penal Internacional han rechazado la petición de la fiscal de investigar posibles crímenes de guerra en Afganistán.

Los jueces, que han alcanzado una decisión unánime, creen que una investigación en este momento “no serviría a los intereses de la justicia”.

La decisión se produce una semana después de que Estados Unidos retirara la visa a la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, por el posible juicio a soldados americanos que participaron en la guerra de Afganistán. Estados no ha ratificado el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional en 2002 y nunca ha reconocido su autoridad.

Los jueces aseguran que “a pesar de que se cumplen todos los requisitos relevantes tanto en lo que respecta a la jurisdicción como a la admisibilidad, las circunstancias actuales de la situación en Afganistán hacen que las perspectivas de una investigación exitosa y un proceso judicial sean extremadamente limitadas”. 

 

 

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