Venezuela debe mejorar inmediatamente las condiciones de sus cárceles

29 Marzo 2018

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU muestra su consternación por la terrible muerte de al menos 68 personas en un centro de detención, insta a las autoridades a investigar el siniestro y señala que las malas condiciones de las prisiones generan reiterados hechos de violencia y motines.

El incendio se produjo en la cárcel de una estación de Policía en la localidad norteña de Valencia a raíz de presuntos enfrentamientos entre detenidos y miembros de las fuerzas de seguridad.

En un comunicado, la citada Oficina pide a las autoridades venezolanas llevar a cabo una “investigación pronta, exhaustiva y efectiva” para establecer la causa de estas muertes, así como “identificar y llevar a los responsables ante la justicia”.

También solicita que se proporcione reparaciones a las familias de las víctimas.

La Oficina de Derechos Humanos expresa su preocupación por los informes que indican que las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los familiares que se habían congregado frente a la estación de policía para exigir información sobre sus seres queridos.

“Llamamos a las autoridades a respetar el derecho de las familias a la información y a la reunión pacífica”, destaca el comunicado.

En las prisiones y cárceles de la policía en Venezuela, usadas usualmente como centros permanentes de detención, existe un hacinamiento generalizado y unas condiciones terribles.

Las malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales y el uso excesivo de la detención preventiva, generan reiterados hechos de violencia y motines.

Por ese motivo, la Oficina de Derechos Humanos recuerda a Venezuela que “los Estados son los garantes de la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad”.

Y hace un llamamiento al Gobierno para que adopte inmediatamente las medidas para mejorar las condiciones de detención en cumplimiento con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, incluida la prohibición de la tortura, así como los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. 

También llama a las autoridades a que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura con el fin de que se habilite un monitoreo independiente de centros de detención por un mecanismo internacional.

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