Guatemala: Expertos piden al Congreso aprobar la iniciativa de reforma de justicia
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos instó hoy a los legisladores de Guatemala a aprobar la iniciativa de reforma constitucional para mejorar el acceso a la justicia en el país, especialmente en el caso de las mujeres y los pueblos indígenas.
Además de ese objetivo, la propuesta busca fortalecer la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, despolitizar la selección de funcionarios judiciales y reconocer constitucionalmente la jurisdicción indígena.
Los expertos llamaron al Congreso de la República a preservar el objetivo y espíritu original de la reforma y a no menoscabar el carácter participativo e inclusivo del proceso, que contó con los aportes de diversos sectores de la población.
“Pedimos a los legisladores que en las discusiones y aprobación final de la reforma constitucional se dé una respuesta adecuada a las necesidades identificadas para el fortalecimiento efectivo del sistema de justicia”, apuntaron..
La relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, alentó de manera especial a los diputados “a asegurar que la disposición relativa a la jurisdicción indígena no tenga ningún efecto perjudicial sobre esos pueblos”.
Asimismo, los expertos indicaron que la reforma debe asegurar, dentro de las garantías y principios del sistema de administración de justicia, el respeto a la pluriculturalidad e igualdad de género en el acceso al sistema de justicia y a las carreras profesionales, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
“Guatemala tiene la obligación de exponer y eliminar las barreras sociales y culturales subyacentes, incluidos los estereotipos de género, que impiden a las mujeres ejercer y reivindicar sus derechos, y dificultan su acceso a recursos eficaces”, subrayó Alda Facio, actual presidente del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.
Por su parte, el nuevo el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, afirmó que “la reforma debe contribuir a garantizar constitucionalmente la carrera profesional y establecer mecanismos de selección de funcionarios del sistema de justicia que eliminen el riesgo de politización y conflicto de intereses”.
La exhortación de los expertos cuenta también con el respaldo del relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere.