Expertos de la ONU urgen a suspender la ejecución de un reo en California

Mutuma Ruteere, relator de la ONU sobre Formas Contemporáneas de Racismo, es uno de los expertos que se expresó sobre la situación en Charlottesville. Foto: ONU/ Jean-Marc Ferré
Mutuma Ruteere, relator de la ONU sobre Formas Contemporáneas de Racismo, es uno de los expertos que se expresó sobre la situación en Charlottesville. Foto: ONU/ Jean-Marc Ferré

Expertos de la ONU urgen a suspender la ejecución de un reo en California

Expertos de la ONU solicitaron este lunes al gobernador del estado de California que suspenda la ejecución del afronorteamericano Kevin Cooper, quien fuera declarado culpable de asesinato tras un proceso judicial que no cumplió con las normas procesales internacionales.

En julio de 1983, Cooper, de 25 años por aquel entonces, fue arrestado por su relación con el asesinato de una pareja, la hija y un amigo de la pequeña en Chino Hills, un suburbio de Los Ángeles, a pesar de numerosas pruebas que apuntaban a que el crimen fue cometido por varios hombres, blancos o hispanos.

Por ello, urgieron al gobernador de California, Jerry Brown, a suspender la ejecución de Cooper, quien podría ser el primer preso en morir mediante la inyección letal cuando ésta se retome en ese estado estadounidense.

En un comunicado, la relatora sobre Ejecuciones Arbitrarias, el relator sobre Formas Contemporáneas de Racismo y el presidente del Grupo de Trabajo sobre Personas de Ascendencia Africana afirmaron que existen fuertes indicios de que su caso estuvo marcado por procedimientos judiciales carentes de las garantías básicas para un juicio justo y el debido proceso que la sentencia se emitió sin evidencia clara y convincente.

Los expertos afirmaron que la ejecución de Cooper podría constituir una grave violación de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales y nacionales de Estados Unidos.

Asimismo, aprovecharon la oportunidad para recordar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado varias veces a Estados Unidos que considere el establecimiento de una moratoria federal de la aplicación de la pena capital.