Expertos urgen a detener asesinatos de personas acusadas de delitos de drogas en Filipinas

Dos expertos de Naciones Unidas en derechos humanos urgieron al Gobierno de Filipinas a poner fin a la actual ola de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos que se llevan a cabo en el país asiático bajo una campaña de lucha contra el crimen y el narcotráfico.

Del 10 de mayo al 11 de agosto pasados, más de 850 personas fueron asesinadas en Filipinas, 650 de ellas en las últimas seis semanas, después que el nuevo Presidente, Rodrigo Duterte, prometiera luchar contra la delincuencia en el país.

Durante su campaña electoral, Duterte llamó a las fuerzas estatales de seguridad y a la población a asesinar a personas sospechosas de ser narcotraficantes y drogadictos que no se entregaran a las autoridades.

La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, instó a las autoridades filipinas a adoptar inmediatamente las medidas necesarias para proteger a todas las personas de los asesinatos selectivos y las ejecuciones sumarias.

Añadió que los reclamos de lucha contra el narcotráfico no absuelve al Gobierno de sus obligaciones legales internacionales y no protegen a los actores estatales, u otras personas involucradas en esas actividades, de su responsabilidad por la comisión de esos asesinatos ilegales.

El relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Dainius Puras, indicó que la respuesta al tráfico ilícito de drogas debe llevarse a cabo en plena conformidad con las leyes nacionales e internacionales y que deben respetar los derechos humanos de cada persona.

Ambos expertos acogieron con beneplácito las informaciones recientes que señalan que Duterte condena ahora públicamente los actos llevados a cabo por justicieros, pero señalaron que no es suficiente ya que proporcionar incentivos para llevar a cabo actos violentos a través de recompensas o actos de impunidad contraviene el estado de derecho.