Expertos encomian sentencia a ex militares por crímenes de lesa humanidad
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos acogió con beneplácito las sentencias por crímenes de lesa humanidad a dos ex militares en Guatemala.
En un comunicado conjunto emitido hoy, los relatores se refirieron a las condenas dictaminadas por el Tribunal de Mayor Riesgo A de Guatemala, luego de establecer que la violencia sexual contra las mujeres q’eqchíes formó parte de un plan de control y dominación del Ejército del país en el marco de la política de contrainsurgencia utilizada en la década de los 80.
Los expertos calificaron la decisión como histórica: “Se trata del primer caso a nivel nacional en Guatemala que aborda de forma central y reconoce como delito de lesa humanidad la violencia sexual contra mujeres indígenas en el marco del conflicto armado interno”, apuntaron.
El ex comandante Steelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij fueron condenados la semana pasada a sentencias de 120 y 240 años de prisión, respectivamente, por su responsabilidad en los delitos de lesa humanidad en su forma de violencia sexual y asesinato o desaparición forzada.
El Tribunal señaló que los delitos eran parte de una estrategia para eliminar a los hombres que reivindicaban su derecho colectivo a las tierras indígenas y obligar a sus viudas a servir a los militares, incluso sexualmente.
Las víctimas fueron sometidas a violencia y esclavitud sexual y laboral, así como a tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Tribunal también reconoció el impacto sobre toda la comunidad de estos abusos cometidos contra las mujeres.
“Celebramos el valor y el papel crucial que desempeñaron las mujeres en este proceso de búsqueda de justicia, que ha establecido un importante precedente para todas las víctimas de violencia, no sólo del pasado sino también del presente”, dijeron los expertos.
Agregaron que el proceso judicial no hubiera sido posible sin el compromiso de las víctimas.
Por otra parte, citaron el alto nivel de impunidad en actos de violencia y recordaron la obligación del Estado “de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas, de los testigos, de los operadores de justicia y de quienes han participado y apoyado este proceso”.
Asimismo, instaron a las autoridades a garantizar la provisión de medidas de reparación adecuadas y con perspectiva de género a las víctimas y a sus comunidades indígenas.