Expertos: Ambigüedades de nueva ley sobre terrorismo en Brasil podría limitar libertades fundamentales

David Kaye, relator especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU.  Foto: ONU/Jean-Marc Ferré
David Kaye, relator especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU. Foto: ONU/Jean-Marc Ferré

Expertos: Ambigüedades de nueva ley sobre terrorismo en Brasil podría limitar libertades fundamentales

Un grupo de expertos de Naciones Unidas advirtió hoy que el proyecto de ley anti-terrorista sometido a la consideración del Congreso de Brasil tiene una formulación demasiado amplia y de aprobarse podría limitar las libertades fundamentales.

En un comunicado, los especialistas independientes afirmaron que la definición de delito que establece el proyecto puede provocar ambigüedades y confusión con relación a lo que el Estado puede considerar como un crimen terrorista, socavando potencialmente el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La Ley 101 de 2015 pretende definir los delitos de ese tipo en el país sudamericano y establece disposiciones de procedimientos y de investigación. El 28 de octubre pasado el Senado aprobó el texto por 34 votos a favor y 14 en contra, y ahora el proyecto se encuentra en la Cámara baja.

Los expertos lamentaron que la versión actual de la legislación haya excluido un artículo que establecía una importante salvaguarda para proteger la participación en manifestaciones políticas y en los movimientos sociales.

El relator sobre la protección y promoción de los derechos humanos, el del derecho a la asociación y reunión pacífica, el de la libertad de expresión y el relator sobre la situación de los defensores de derechos humanos, afirmaron que las definiciones ambiguas o demasiado amplias de terrorismo, pueden resultar en una mala utilización del término.

En ese sentido, afirmaron que ley que vaya a combatir ese flagelo debe ser lo suficientemente precisa para que cumpla con el principio de la legalidad, para así evitar que se utilice para atacar a la sociedad civil, silenciar a los defensores de derechos humanos, blogeros y periodistas y penalizar a actividades pacíficas en defensa de los derechos de minorías, religiosos, laborales y políticos.

Al concluir, los expertos afirmaron que la consulta pública en el proceso legislativo es un elemento indispensable para el desarrollo de políticas y la preparación de leyes.