La ONU dictamina que España violó el derecho a la vivienda de una mujer desahuciada
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU dictaminó que España violó el derecho a la vivienda de una mujer cuya casa fue embargada por falta de pago del préstamo e instó a entregarle una “reparación efectiva”.
El Comité también publicó sus primeras recomendaciones al gobierno español para que regule los procesos de ejecución hipotecaria y que su aplicación cumpla las obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que España es miembro.
Este fallo es el primer dictamen adoptado por el Comité en un caso individual presentado bajo el Protocolo Facultativo de ese pacto, que entró en vigor en mayo de 2013. Este protocolo constituye una herramienta para recibir quejas de personas que no han conseguido que se haga justicia en casos de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales en su país.
Daniela Ikawa, coordinadora del grupo de litigio estratégico de la Red-DESC, que hizo una intervención de terceros para aportar información adicional que el Comité tuvo en cuenta para emitir su dictamen, destaca la importancia de la decisión.
“Primero porque es la primera decisión en la historia del Comité bajo el Protocolo Facultativo. Segundo, el Comité ha consolidado la posibilidad de intervención de terceros y esa intervención es muy importante porque permite que el Comité pueda recibir las opiniones de diferentes grupos acerca de la protección de derechos. Y la tercera razón es que el contenido de la decisión es muy bueno ya que protege el derecho a la vivienda por medio del derecho al acceso a la justicia”, dijo Ikawa.
El Comité concluyó que el juzgado no tomó todas las medidas razonables para notificar adecuadamente a la demandante sobre la ejecución hipotecaria que había presentado contra ella la entidad bancaria. La víctima aseguró que sólo tuvo conocimiento del procedimiento varios meses después. El personal judicial alegó que la demandante nunca se encontraba en su domicilio cuando iban a notificarla.
La ONU ha instado a España a adoptar medidas que garanticen que se consideren todas las alternativas posibles al desalojo, se ofrezca un plazo suficiente y razonable para la notificación, que los desalojos no expongan a las personas vulnerables a violaciones de otros derechos humanos y que en caso de violaciones, éstas sean compensadas adecuadamente.
Entre 2008 y 2012, tuvieron lugar aproximadamente 400.000 ejecuciones hipotecarias en España. En 2014, más de seis millones de personas estaban desempleadas en el país.