Expertos de Naciones Unidas instan a Irán a abolir la pena de muerte

8 Mayo 2015

Dos expertos de derechos humanos de Naciones Unidas condenaron hoy el alarmante aumento en el número de ejecuciones llevadas a cabo en Irán en las últimas semanas y urgieron al gobierno en Teherán a acabar inmediatamente con el uso de la pena de muerte.

“Cuando el gobierno iraní se niega incluso a reconocer el número de ejecuciones que han ocurrido, pone en evidencia un cruel desprecio por la dignidad humana y por las leyes internacionales de derechos humanos”, dijo Ahmed Shaheed, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán, en un comunicado de prensa emitido hoy.

Según un informe publicado el año pasado por la ONU, el nuevo Código Civil Islámico que entró en vigor en 2013 ahora omite referencias a la apostasía, la brujería y la herejía, pero sigue permitiendo las ejecuciones de menores y conserva la pena de muerte para actividades como el adulterio, el abuso del alcohol y el tráfico de drogas.

Irán ha protagonizado un alza en las ejecuciones capitales en los últimos dos años.

Entre julio de 2013 y junio de 2014 al menos 852 personas fueron ejecutadas, un aumento en comparación con los niveles ya preocupantes de años anteriores, según cálculos de la ONU.

Además, otras 340 personas, incluyendo al menos seis prisioneros políticos y siete mujeres, fueron supuestamente ejecutados desde enero de 2015.

“Estamos alarmados ante el reciente incremento en el número de ejecuciones, a pesar del planteamiento de serias dudas sobre la justicia de los procedimientos”, dijo Christof Heyns, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales. “Muchos de los prisioneros ejecutados durante este período habían sido condenados por delitos relacionados a drogas, que no implican el asesinato intencional, por lo cual no entran en el grupo de ‘crímenes más graves’”, explicó.

Ambos expertos resaltaron los continuos informes sobre ejecuciones públicas, señalando que se sabía que en 2015 se habían hecho al menos 15. Las ejecuciones públicas, indicaron, “añaden un efecto deshumanizador tanto sobre la víctima como sobre aquellos que son testigos de ella” y refuerzan “la naturaleza ya de por sí cruel, inhumana y degradante de la pena de muerte”.

Shaheed y Heyns instaron al gobierno iraní a establecer una moratoria inmediata sobre la pena de muerte, para a continuación abolirla completamente.

 

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