Libia y Bahrein: Alta Comisionada condena violencia de fuerzas de seguridad

Libia y Bahrein: Alta Comisionada condena violencia de fuerzas de seguridad

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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó hoy el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos por parte de los cuerpos de seguridad de Libia, Bahrein y otros países del norte de África y Medio Oriente.

En un comunicado, Navi Pillay afirmó que esta violencia es ilegal e indicó que las informaciones recibidas reportan que al menos 20 personas que se manifestaban con demandas legítimas fueron muertas en Libia.

Pillay señaló que Libia es un país donde la situación de los derechos humanos ha sido en general muy cuestionada por la comunidad internacional; sin embargo –subrayó –, la población tiene las mismas aspiraciones que en cualquier otra parte en cuanto a estas garantías.

La Alta Comisionada lamentó, asimismo las muertes ocurridas durante las últimas semanas en las manifestaciones en Argelia, Bahrain, Irán, Iraq y Yemen.

Expresó especial preocupación por los ataques de los cuerpos de seguridad dirigidos específicamente a ciertos profesionales, como periodistas, abogados y médicos.

“Es alarmante la naturaleza y alcance de las violaciones de derechos humanos que están sucediendo en varios países de la región como respuesta a quienes se manifiestan pacíficamente a favor de sus garantías y libertades fundamentales”, puntualizó.

Pillay también repudió los arrestos arbitrarios, la tortura, las desapariciones, la prohibición de manifestaciones y la supresión del la libertad de expresión y asamblea, además de las restricciones a los medios de comunicación y al acceso a internet.

“Medio Oriente y el norte de África hierven de enojo”, advirtió la Alta Comisionada y explicó que la raíz de esa ira son décadas de ignorar las aspiraciones y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población.

Añadió que los recursos de la región deben usarse para beneficiar a la mayoría, no sólo a unos cuantos, y destacó la urgencia de implementar reformas legales, políticas y económicas.