Uganda: Alta Comisionada urge al gobierno a respetar derechos humanos en estrategia de desarme forzado
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, urgió hoy al gobierno de Uganda a revisar su estrategia de desarme forzado en Karamoja, al noreste del país, y a poner fin a la violencia y a la transgresión de las garantías fundamentales contra los civiles de esa zona del país.
En un informe, Arbour señaló que las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos en Karamoja son constantes desde que las autoridades implementaron el programa de desarme forzado en mayo de este año.
Karamoja es un área donde prevalece la inseguridad causada por la proliferación de las armas de fuego y las emboscadas, así como por la marginación política y la ausencia de servicios e instituciones gubernamentales.
Según el documento, del 29 de octubre al 15 de noviembre, 55 civiles fueron asesinados, además de que se registraron 68 arrestos arbitrarios, 14 casos de tortura y la destrucción de 200 viviendas, lo que causó el desplazamiento de más de 500 personas.
Asimismo, los afectados por esta violencia mataron a un número no precisado de soldados de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, a un maestro y a un policía.
“El ejercicio de desarme forzado que se lleva a cabo en Karamoja debe suspenderse hasta que se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la protección de los derechos humanos de la población civil de la zona”, dijo Arbour.
La Alta Comisionada también instó al gobierno ugandés a realizar una pronta investigación imparcial y transparente de los abusos cometidos para presentar ante la justicia a los responsables.
Por otra parte, el enviado especial de la ONU para la Protección de los Niños en los Conflictos Armados, Radhika Coomaraswamy, llamó al Ejército de Resistencia del Señor (LRA) a liberar de inmediato a los menores, las mujeres y los no combatientes que tiene detenidos en el norte de Uganda.
El experto consideró que el reclutamiento y utilización de menores por parte del LRA, es “quizá la peor violación posible en materia de niños y conflictos armados en la región”.