Zeid urgió a las autoridades a permitir la investigación independiente, incluida una a cargo de personal de la ONU, y a garantizar acceso irrestricto para verificar las denuncias.

Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado, explicó en una rueda de prensa en Ginebra que los informes provienen de varias fuentes creíbles, que señalan que las violaciones habrían sido cometidas en la ciudad de Cizre durante un periodo de toque de queda para controlar a militantes sospechosos de terrorismo, durante un lapso que se extendió desde diciembre hasta marzo.

“Hemos recibido informes de civiles desarmados, incluidas mujeres y niños, que fueron disparados deliberadamente por francotiradores o desde tanques y otros vehículos militares. También parece haber una masiva destrucción de propiedad e infraestructura comunitaria básica”, detalló el portavoz.

Colville señaló que las denuncias incluyen arrestos arbitrarios, tortura y otras formas de malos tratos, así como el impedimento para que las ambulancias lleguen para socorrer a los heridos.

El Alto Comisionado condenó enérgicamente la violencia cometida por grupos de jóvenes y otros actores no estatales afiliados al Partido de los Trabajadores Kurdos en Cizre. No obstante, subrayó que es esencial que las autoridades turcas respeten los derechos humanos en las operaciones de seguridad y antiterroristas que llevan adelante.