Serge Brammertz explicó que tras revisar cuidadosamente las razones expuestas por los jueces del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) para absolver de los cargos a Šešelj el pasado 31 de marzo, decidió que abriría un proceso de apelación.

“Dada la naturaleza de los errores que hemos identificado en el dictamen, consideramos que por las víctimas de los crímenes, la apelación debe ser una prioridad de esta Oficina”, señaló.

Brammertz consideró que ha habido fallas fundamentales por parte de la mayoría de los magistrados al desempeñar su función judicial.

Entre otras carencias, citó la descalificación del historial de evidencias y la argumentación adecuada de sus conclusiones.

Sobre Šešelj pesaban nueve cargos que incluían persecución, deportaciones, asesinato, tortura, destrucción indiscriminada de instituciones educativas y religiosas, de propiedad pública y privada, además de incitación a cometer ese tipo de crímenes o participación directa en ellos durante el periodo de agosto de 1991 a septiembre de 1993.

Según los jueces, Šešelj no fue responsable de esos actos, no tuvo conocimiento de ellos, ni los apoyó. El veredicto no fue unánime: una de las magistradas se pronunció en contra, considerando suficientes las evidencias de que el nacionalista serbio cometió persecución y, mediante otros crímenes, forzó a la población no serbia a huir del territorio de la ex Yugoslavia.

La jueza Flavia Lattanzi afirmó que las pruebas mostraron instigación al crimen contra los no serbios en sus discursos inflamatorios, que sugerían una limpieza étnica.