Los expertos encomiaron las medidas legislativas, las políticas públicas y los programas adoptados por el Estado para mejorar la protección de las personas con discapacidad en el país caribeño.

Sin embargo, señalaron que en su evaluación encontraron numerosos ámbitos de preocupación, para los que emitieron una serie de recomendaciones.

Al Comité le preocupa que no se hayan eliminado de algunos códigos legales términos peyorativos como “minusválidos”, “imbecilidad” y “enajenación mental”.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en República Dominicana el 7% de la población tiene algún tipo de discapacidad y el 66% no trabaja.

En vista de esta realidad, los expertos urgieron al Estado a adoptar medidas para fomentar el empleo de personas con discapacidad en los sectores público y privado, ya que siguen siendo blanco de discriminación.

Otra área pendiente son los niños con discapacidad, que siguen sufriendo altas tasas de abandono, practican la mendicidad y carecen de la protección que necesitan.

De cara a la accesibilidad, la evaluación concluyó que el metro y las instalaciones públicas recién renovadas presentan graves obstáculos de acceso a las personas con discapacidad, que deben ser corregidos.

El comité también destacó la falta de campañas de concienciación pública sobre los derechos de las personas con discapacidad, por lo que recomendó al Estado tomar la iniciativa y desarrollar una estrategia de educación en todos los medios de comunicación.