Así lo indica la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), que señala que en 2012 la mitad de los ciudadanos afganos pagó un soborno en el momento de solicitar un servicio público.

En el oeste del país, dos de cada tres afganos pagaron cohechos a trabajadores del sector público.

El 30% de los ciudadanos pagó sobornos en el sector privado. La UNODC estima que el impacto económico de los sobornos privados se sitúa entorno a los 600 millones de dólares.

La mayoría de los afganos considera que la corrupción es un problema urgente de resolver; sin embargo, siete de cada diez ciudadanos entrevistados el año pasado consideran aceptable que los funcionarios acepten sobornos de los usuarios y también que sean contratados en función de sus lazos familiares, señala la UNODC.