Los relatores sobre minorías, migrantes, vivienda y racismo indicaron que esos desalojos representan una amenaza para familias que sufren situaciones de extrema vulnerabilidad.

“Los desahucios forzosos no son la respuesta correcta y deberían buscarse soluciones alternativas y conformes a los derechos humanos”, lamentó Raquel Rolnik, la relatora especial sobre vivienda adecuada.

Rolnik explicó que las autoridades francesas deberían proporcionar viviendas alternativas a esas familias, con el objetivo de garantizar que esas personas, y en especial los niños, las mujeres y los enfermos, no se queden en la calle.

También explicó que las autoridades justifican esos desmantelamientos por razones sanitarias pero no han impulsado medidas encaminadas a mejorar las condiciones de esos campamentos.

La reacción de los expertos se produce después de varias acciones de las autoridades en las ciudades de París, Lille y Lyon.

Los expertos expresaron preocupación por una práctica del gobierno, que ofrece incentivos económicos a las comunidades gitanas para que regresen a sus países. En su opinión, la aceptación del dinero permite que las autoridades puedan alegar que esos retornos son voluntarios y evita futuras demandas por expulsión del país.