Esa es la conclusión de un informe sobre detenciones arbitrarias dado a conocer hoy por la Misión de Asistencia de la ONU en ese país (UNAMA) y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

La encargada de los derechos humanos de UNAMA, Norah Niland, explicó que una de las raíces del problema es la práctica histórica de ese país de presumir que la persona es culpable antes de que se pruebe su inocencia. “Hay un problema de actitud”, indicó la experta.

El estudio también subraya que muchos detenidos no tienen acceso a abogados y no pueden cuestionar la legalidad de sus detenciones ante un juez imparcial.

Señala que las detenciones ilegales son resultado de una mala interpretación de la ley y el derecho, además de ser producto de procedimientos inadecuados y marcos legales inapropiados.

Indica que la corrupción, el abuso de poder y la falta de respeto a la ley por parte de las autoridades también conduce a numerosas detenciones ilegales.

Entre las recomendaciones se citan reformas a la legislación, implementación de códigos de conducta, así como mejoras en el acceso de los detenidos a representación legal.